EU.- Minutos después de las 22:00 horas de este miércoles 8 de noviembre, le fue suministrada la inyección letal al mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, acusado de violar y matar a su prima hermana Azucena Laguna en 1997.
Ante este hecho, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, manifestó su condena.
«Expreso mi firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en Texas, que viola decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a los deudos», refirió a través de su cuenta de twitter.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de informar la ejecución, señaló que el gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas.
«El señor Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004».
«En tal virtud, el gobierno mexicano expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo, conforme al cual ese país estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta».
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, del año 2000 a la fecha, el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos ha logrado que mil 14 mexicanos, de un total de mil 150, sean librados de la sentencia de muerte en prisiones estadounidenses, lo que significa que en 88% de los casos se ha logrado revertir el fallo.
El embajador Jacob Prado González, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, expuso que en este momento 75 mexicanos enfrentan procesos penales que podrían derivar en la aplicación de una sentencia capital, en tanto que 54 ya cuentan con un fallo que les impone este castigo.
De estos 54, 33 pertenecen al caso Avena, en el cual la Corte Internacional de Justicia concluyó que se había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al no permitirles a los acusados tener acceso desde un inicio a asistencia jurídica y consular por parte del gobierno de México.
