Auditoría al Gobierno del Estado de Colima iniciará el 1 de noviembre y en máximo tres meses deberá haber resultados, ya que es el tiempo que marca la Ley para hacer observaciones en el proceso de Entrega-Recepción, señaló la Gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva.
Destacó que en cuanto se tengan todos los elementos y la información necesaria, si hay fundamentos para proceder jurídicamente en contra de exfuncionarios se hará por obligación y las autoridades judiciales harán lo conducente para restringir, si es el caso, la movilidad de quienes puedan estar involucrados en la aclaración de estos temas.
El avance en el proceso Entrega-Recepción es del 70 por ciento, señaló Vizcaíno Silva, reiterando que por el momento no tienen la información completa, ya que en muchos apartados que funcionarios salientes les han entregado se ha colocado la leyenda ‘No aplica’ y por lo tanto se carece de esos rubros que no está disponible.
«Una vez que asumamos el gobierno estaremos encontrando una serie de deficiencias, por el momento no podemos dar mayor información de empresas o funcionarios que pudieran estar involucrados porque tenemos que cuidar el debido proceso para que esto pueda llegar a un buen fin».
Aseveró que se mantiene el compromiso con la sociedad colimense, de realizar una revisión profunda de la situación financiera, que se estará transparentando e informando lo que está sucediendo.
«Un compromiso que hicimos con Colima y que sostenemos por convicción, por formación es que terminaremos con un régimen de corrupción, de insensibilidad en nuestro estado, estamos a unos cuantos días de ello, y que tendremos un gobierno donde nos regirán la honestidad, la transparencia, la austeridad y el compromiso por Colima».
«Llevaremos a cabo la auditoría con la que nos comprometimos, esa es la única forma de entrar a las fibras profundas de qué es lo que sucedió en Colima, financieramente, en los últimos años y también de encontrar los elementos que puedan ser de utilidad, si hay personas que cometieron irresponsabilidades se puede actuar en consecuencia, y nosotros haremos los procesos que nos correspondan y estén en nuestro ramo de obligación».
«Un compromiso que hicimos con Colima y que sostenemos por convicción, por formación es que terminaremos con un régimen de corrupción, de insensibilidad en nuestro estado, estamos a unos cuantos días de ello, y que tendremos un gobierno donde nos regirán la honestidad, la transparencia, la austeridad y el compromiso por Colima».
La deuda que hasta el momento se tiene identificada de más de 11 mil millones de pesos, representa que cada uno de los colimenses debe alrededor de 15 mil pesos, dijo la gobernadora electa.
Refirió que se ha detectado una indisciplina financiera respecto a la solicitud de créditos a corto plazo, que en 2016 fue de 200 millones de pesos, cantidad que año con año se fue incrementando hasta llegar a los mil 200 millones de pesos.
«Solamente en este sexenio del 2016 al 2021, se han pagado de intereses mil 700 millones de pesos, lo que equivale al 10 por ciento del presupuesto anual, dinero que se pudo haber utilizado en programas sociales para combatir la pobreza, en el fortalecimiento a la seguridad pública o incluso en el pago al Instituto de Pensiones al que se le adeudan alrededor de 900 millones de pesos».
Vizcaíno Silva puntualizó que se sobreestimaron los ingresos por mil millones de pesos en el último año, por lo que ejercieron cerca de 500 millones de pesos que no existían, cantidad que representa el adeudo a proveedores en 2021.
La construcción y equipamiento del C5i, se incrementó de 808 millones de pesos a mil millones de pesos, recurso que estaba presupuestado no se ejerció, estableció la gobernadora electa, además, comentó que se solicitó un préstamo por 500 millones de pesos a largo plazo, de lo cual se adeuda una cantidad importante.
«En 2018, en el Congreso, en el presupuesto se autorizó un millón 700 mil pesos por concepto de asesorías, sin embargo se hicieron unas adecuaciones presupuestales, año electoral, pasando de un millón a 97 millones de pesos, de empresas que fueron contratadas para hacer diferentes estudios y análisis y que entre ellas se han localizado sociedades mercantiles relacionadas con la práctica de factureras».
«Todos estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción, sin llevar a cabo los proceso de licitación que marca la Ley, estas adjudicaciones directas, con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Finanzas».
Víctor Torrero Enríquez, integrante del equipo de Transición precisó que en la deuda a largo plazo que heredará al gobierno entrante, alcanza los 3 mil 300 millones de pesos, que se dividen en 8 financiamientos; mientras que el equipo de transición identificó otros pasivos, como el de la Secretaría de Salud por el orden de los mil millones de pesos; o el de la Secretaría de Educación por mil 400 millones de pesos; organismos descentralizados y desconcentrados por cerca de 387 millones de pesos.
Otra parte, a esos adeudos se suman los 430 millones de pesos que significarán los compromisos de deuda, resultado de los bonos cupón cero que está usando el actual gobierno, así como los mil 500 millones relacionados con déficit financiero que se tiene, de los cuales, mil millones corresponden a nóminas.
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