El funcionario informó que la base de datos es depurada en los distintos estados del país y calcula que en dos meses pueda ser completado el proceso.
Citó el caso de un estado del norte de México, el cual no identificó, en el que había 900 personas incluidas en ese registro oficial de «no localizados» y que, después de una revisión a fondo lograron localizar a 700 de ellas.
El pasado 26 de febrero funcionarios del Gobierno federal dijeron que existía un registro oficial de 26 mil 121 personas «no localizadas» por distintas razones, no necesariamente relacionadas con la delincuencia organizada, y anunciaron que necesitaba ser depurada.
En ese registro se incluyen casos como personas que han emigrado a Estados Unidos sin anunciarlo a sus familiares, mexicanos que se han fugado de su hogar, pero también víctimas de la violencia del crimen organizado.
La lista con 26 mil 121 personas «no localizadas» servirá para elaborar la base de datos y superar uno de los principales problemas de derechos humanos al que se enfrenta el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La idea es ir caso por caso y documentar cada persona que no está localizada a partir de la información oficial que se tenga y, especialmente, la que aporten los parientes de los desaparecidos, según han dicho fuentes oficiales previamente.
Osorio Chong dijo que la cifra final de esa base de datos será «mucho más baja» de la cantidad inicial de más de 26 mil personas, pero evitó dar cálculos provisionales y prefirió entregar la información completa cuando se termine el proceso de depuración.
El pasado 17 de mayo, el Gobierno anunció que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República crearán una unidad conjunta para investigar y resolver los casos de miles de desaparecidos.
También anunció que a los investigadores de esa unidad conjunta se les garantizará la permanencia en sus funciones para evitar que se tenga que traspasar la información a otras personas si se les cambia de puesto.
Por otra parte, Osorio Chong destacó que la actual estrategia se basa fundamentalmente en la coordinación de las acciones y en las tareas de inteligencia.
El mismo Peña Nieto se quejó el pasado 18 de abril de la «competencia» existente entre los distintos cuerpos de seguridad y los estados para ver quién tiene mayor capacidad o para anotarse éxitos en la lucha contra los cárteles de la droga y otros grupos.
Osorio Chong dijo que ahora existe una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y militares y entre los estados y el Gobierno federal, y también se involucra a la fiscalía general desde un inicio para que las detenciones estén bien armadas judicialmente.
Recordó que en el anterior gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 105 mil personas que fueron detenidas, pero sólo en 3 mil casos los arrestados fueron sometidos a un proceso judicial.
Con información de EFE
