En sesión ordinaria, los diputados locales aprobaron por mayoría la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima, con la finalidad de mejorar los servicios de asesoría jurídica con mayor acceso para la población, además tendrán derecho a la asesoría tanto demandados como actores en el proceso, dependiendo éstos últimos, de la cuantía del asunto.
El Dictamen fue presentado en tribuna por el diputado Víctor Vázquez Cerda, documento que contempla además que el servicio de defensoría pública se otorgue preferentemente a las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; los jubilados o pensionados, así como a sus cónyuges; los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios; los indígenas; las personas que por enfermedad, cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios; los adolescentes que requieran y que tengan entre 12 años cumplidos y menores de 18 años; y a las personas incapaces o a quienes ejerzan la patria potestad de los mismos.
Incorpora también la asistencia jurídica en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, se redefine la estructura funcional de la Dirección General de la Defensoría Pública para mejorar el servicio y maximizar su desempeño y también la coordinación de asistencia judicial, la cual contará con una plantilla de defensores públicos y otra de asesores jurídicos, en tanto que la coordinación se encargará de supervisar el desempeño de los defensores públicos en el ejercicio de su función, a fin de que el servicio sea oportuno, diligente, eficaz y de manera continua, sin interrupciones; vigilando en todo momento que los defensores públicos presten sus servicios de forma obligatoria y gratuita.
Tratándose de asuntos jurídicos en los que asigne la defensa de personas que no hablen español, se proporcionará la asistencia de un defensor que hable su lengua o se solicitará a la instancia debida, designe un traductor, o bien se solicitará la presencia de una persona que hable su lengua.
Cabe destacar que dicha Ley establece que el servicio de defensoría, se prestará bajo los principios de legalidad, independencia funcional, confidencialidad, unidad de actuación, continuidad, diligencia, excelencia, solución de conflictos, igualdad procesal, diversidad cultural, probidad, honradez, profesionalismo, obligatoriedad y gratuidad.
La defensoría pública tiene como finalidad proporcionar obligatoria y gratuitamente los servicios de asistencia jurídica en la defensa, patrocinio y asesoría penal en los asuntos del fuero común y a actuar con la diligencia necesaria para contribuir a la pronta y expedita procuración e impartición de justicia.
La asesoría jurídica de las materias civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de amparo será gratuita. Las instrucciones predeterminadas que dicte el titular de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado, se harán únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor organización del sistema de defensa.
En su intervención el Diputado Raymundo González Saldaña a nombre de los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN, anunció que se abstenían en la votación, ya que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la fracción 19, se señala que debe de ser la Procuraduría Agraria la encargada de apoyar la defensoría legal de los campesinos, “en lo demás vemos que esta nueva ley que se propone, cuenta con mejores instrumentos para la adecuada asesoría jurídica, sobre todo para las personas de escasos recursos, lo cual implica que todas las personas tengan acceso a la justicia”.
En su intervención el Diputado Rigoberto Salazar Velasco manifestó que de acuerdo a la Ley Agraria, en el artículo 138, otorga facultades a Estados y municipios de coadyuvar para la defensa en materia agraria, como es el caso de los campesinos, ejidatarios o comuneros que tengan problemas.
Agregó que dicho Artículo establece que las controversias en las que la Procuraduría sea directamente parte, serán competencia de los tribunales federales. Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias, serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones.
“Posiblemente el término coadyuvante sea lo que esté generando alguna preocupación alguna polémica con los compañeros de la fracción de PAN, pero sin duda hay muchas bondades en esta ley porque va destinada la gente que no tiene recursos para pagar a un abogado”, puntualizó el legislador local.
Quien manifestó además que en lo que respecta al tema Agrario, señaló que la comunidad de Zacualpan es la única en el Estado que su forma de organización es de bienes comunales y en el caso del Ejido de Suchitlán había un litigio histórico en materia de la tenencia de la tierra que finalmente hace 10 años aproximadamente se resolvió con la conjunción de esfuerzos del Gobierno del Estado, del municipio y de CORET del Gobierno Federal.
Por lo que subrayó que si existe disposición de sumar esfuerzos para resolver los problemas de los campesinos se puede avanzar, asegurando que esta ley traerá muchos beneficios a la gente que no tiene recursos.
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