Colima.- El Congreso local aprobó por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima, que determina el marco jurídico para que los ciudadanos puedan disponer de manera anticipada sobre la atención médica que desean recibir al momento en que padezcan una enfermedad incurable o se encuentren en fase terminal.
Con esta Ley se busca garantizar el derecho a una muerte digna, pues respeta la determinación de los enfermos en etapa terminal para continuar o no con tratamientos dolorosos o que alargan su vida cuando él no lo desea.
Cada persona tendrá la libertad de decidir si quiere o no suscribir un documento de esta naturaleza ante un notario público y debe realizarse, como su nombre lo dice, de manera anticipada, en pleno goce de capacidad legal y de conciencia para suscribirlo.
La iniciativa que fue presentada por la diputada priista Ignacia Molina Villarreal en junio pasado. Es un proyecto realizado por maestros y alumnos de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) que fue enriquecido por diputados integrantes de esta Legislatura y la Secretaría de Salud.
La legisladora priista enfatizó que esta Ley no promueve la eutanasia, sino la ortotanasia, que es el derecho de toda persona a morir con dignidad, “sin acortar la vida y sin alargarla más allá de los límites naturales a través de medios, tratamientos y/o procedimientos médicos obstinados, extraordinarios o inútiles”.
A nombre de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, la diputada Gabriela Benavides Cobos se pronunció a favor de esta Ley pues “respeta los límites entre el respeto a la vida y el respeto a la decisión de los enfermos a poder morir con dignidad”.
En el posicionamiento del PRD, el diputado Francisco Rodríguez, destacó que apoyan la Ley pero señaló que es perfectible, pues no existe una legislación especial aplicable a nivel federal y las legislaciones especiales vigentes a nivel local son realmente pocas lo cual provoca un vacío legal que se traduce en múltiples conflictos medico-jurídicos.
La primera Ley de este tipo fue publicada en 2008 en el Distrito Federal. A la fecha, solo 2 mil personas han firmado un documento de voluntad anticipada en la capital del país.
Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí y el Estado de México son entidades donde también existe una legislación relativa a la voluntad previa en caso de enfermedades terminales.
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