Organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de diversos funcionarios del puerto de Manzanillo, por haber permitido la reducción de alrededor de 41.5 hectáreas de manglar.
De acuerdo a las organizaciones se había autorizado la tala de 25 hectáreas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Laguna de San Pedrito, como parte del proyecto denominado “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”.
En la denuncia presentada por Esperanza Salazar Zenil, representante de la organización Bios Iguana, se señala a la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, la Consultoría Técnica S.C, y al biólogo Eduardo Saucedo Dueñas, encargado de la elaboración del estudio de impacto ambiental, como presuntos responsables de falsear la información que entregaron a la Semarnat y la solicitud de cambio de uso de suelo, ya que manifestaron el derribo de sólo 25 hectáreas de manglar cuando la zona contaba con 66.50 hectáreas antes de que la API comenzara a destruirla.
La denuncia por delitos ambientales se presentó en contra de Jorge Alberto Montes Arellano, representante legal de la API; Eduardo González Hernández, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alberto Eloy García Alcaráz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Colima; Consultoría Técnica S.C.; Eduardo Saucedo Dueñas, responsable técnico de la elaboración del estudio de impacto ambiental; Raúl Arredondo Nava, delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de quien o quienes resulten responsables.
“Las autoridades de la Semarnat son responsables por el cambio de uso de suelo y la autorización de un proyecto con información falsa y el delegado de la Profepa en Colima es responsable por omitir hacer las verificaciones correspondientes cada 6 meses a partir del 22 de noviembre de 2005. Al destruir casi las 66.50 hectáreas de manglar se viola el Art. 35 y 47 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Art. 40 y 136 del reglamento en materia de Impacto Ambiental de la LGEEPA, el Art. 1º de la Ley General de Vida Silvestre, las Normas N0M-059-SEMARNAT-2001 y la NOM-022-SEMARNAT-2003, el Código Penal Federal (2) además de violar convenios internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención sobre Humedales, Protocolo de Kyoto” señaló Esperanza Salazar.
«Colima ha sido de los estados con mayor impacto a los manglares en los últimos años por proyectos de infraestructura energética y portuaria como el de la planta de suministro de gas L.P. instalado por la empresa Zeta Gas del Pacífico S.A. de C.V autorizada violando el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial; otro ejemplo es la terminal de gas natural licuado con una autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental irregulares, y ahora la API sigue pasando por encima de las leyes, los proyectos siguen y a pesar de ello, la autoridad no actúa”, finalizó Salazar.
Por su parte Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México, dijo que el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo ya ha destruido manglares de manera directa e irreversible.
“Desde un comienzo, el proyecto ha estado plagado de irregularidades: se modificó ilegalmente la NOM 022 que protege a estos ecosistemas, se cambió el uso de suelo sin fundamentar adecuadamente, la Semarnat aceptó la información adicional de la Manifestación de Impacto Ambiental a pesar de que se presentó de forma extemporánea y no sabemos cómo están haciendo su proyecto de “restauración” dijo.
De acuerdo con el último censo, en Colima actualmente hay 3 mil 74 hectáreas de manglar, sin embargo cada año se pierde el 2 por ciento, lo que equivale a 61 hectáreas.
“Hoy más que nunca debemos conservar los manglares, ya que estos mitigan los efectos provocados por el cambio climático al proteger a la costa de la erosión causada por el aumento en el nivel medio del mar, fijan el Bióxido de Carbono (CO2) y producen oxígeno, además de proporcionar beneficios directos a la pesca por un orden de 37,500 dólares por hectárea por año” indicó Olivera.
Finalmente, las organizaciones exigen a la PGR actuar conforme a derecho, y a la Semarnat le demandan la revocación de la autorización por incumplir las condicionantes.
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