APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
El 8 de marzo en Colima, lo que comenzó como una manifestación pacífica liderada por miles de mujeres colimenses en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se convirtió en un sombrío recordatorio de los desafíos que enfrentan las mujeres, la libertad de expresión y la democracia en Colima y México.
Y es que en un hecho sin precedentes en Colima, las fuerzas de seguridad estatal recurrieron a la represión para silenciar la disidencia de mujeres que a un grito, afuera de Palacio de Gobierno consignaban, ¡fuimos todas! mientras quemaban las vallas de triplay colocadas un día antes en la periferia del edificio ahora también museo.
Este lamentable episodio – por decirlo menos – no solo mancha la reputación de las instituciones gubernamentales, sino que también representa un serio atentado a los principios fundamentales de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La violencia por las fuerzas de seguridad estatal contra los manifestantes refleja un completo desinterés y clara falta de respeto por los derechos humanos de las mujeres.
El uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra mujeres, niños y hombres que ejercían su derecho constitucional a protestar es una afrenta a la dignidad humana y una violación flagrante de los principios democráticos sobre los que se supone se sustenta nuestro estado de derecho.
Si bien la decisión de la gobernadora de separar del cargo al subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública puede considerarse un primer paso para detener la ola de protestas y reclamos en redes sociales contra el Estado, no es suficiente para reparar el daño causado ni para garantizar que incidentes similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.
La responsabilidad, culpas y castigo por esta represión no debe recaer únicamente en un individuo, sino que debe abarcar a todo un sistema que permite y justifica el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos indefensos.
Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar las causas y responsabilidades de este lamentable incidente.
Las organizaciones de derechos humanos en Colima, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), tienen un papel crucial que desempeñar en este proceso, asegurando que se haga justicia y que se tomen medidas efectivas para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos.
La represión del 8 de marzo en Colima no solo constituye una afrenta a los derechos humanos y la democracia, sino que también sirve como un recordatorio urgente de la importancia de permanecer vigilantes en la defensa de nuestros principios fundamentales.
Solo a través del compromiso colectivo con la justicia y la igualdad podemos esperar construir un futuro donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.
En esta lucha, es crucial que las autoridades gubernamentales entiendan que su primer obligación constitucional es la protección de sus gobernados, y que la sociedad civil se fortalezca para exigir que hechos como este nunca se repitan.
