Con el fin de preservar la convivencia y el respeto entre gobernantes y gobernados, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad en el Estado de Colima, que establece acciones de fomento y promoción al respeto de las leyes.
El dictamen a favor de la creación de la Ley para la Promoción de Cultura de la Legalidad, aprobado en votación unánime, señala que el conocimiento y el cumplimiento de las leyes, son valores que deben fomentarse en la conciencia de los individuos, desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecerlo a lo largo de las diferentes etapas de la vida y la formación académica.
“Apoyar el impulso de la cultura de la legalidad, implicará que los gobernados, al tener un conocimiento más claro de las leyes que los rigen, podrán exigir de las autoridades el cumplimiento puntual de las mismas; esto es, denunciar las irregularidades, abusos y actos ilícitos, que, en ocasiones se realizan ante el desconocimiento o ignorancia de los ordenamientos jurídicos, coadyuvando a eliminar actos al margen de la ley”, dice el dictamen leído por Mónica Anguiano López, autora de la iniciativa de ley.
La Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad en el Estado de Colima se compone de veinte artículos divididos en tres capítulos, el primero de “Disposiciones Generales”, el cual precisa que la ley tiene por objeto establecer las bases para fomentar y promover la cultura de la legalidad entre la población y los servidores públicos.
Asimismo, ese capítulo contempla un conjunto de objetivos específicos, como el que pretende la coordinación entre instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social del Estado para procurar la difusión normativa; garantizar el acceso de la población a los distintas leyes locales, y contemplar en el proceso formativo educativo la cultura de la legalidad como un valor fundamental en la vida de los colimenses.
El capítulo segundo establece el “Consejo para la Promoción de la Cultura de la Legalidad”, que será el órgano encargado de dirigir las políticas de fomento y promoción de la cultura de la legalidad, que se integrará por representantes de entidades y dependencias del sector público, así como por representantes de instituciones, grupos y organizaciones representativos de los sectores privado y social.
Por último, el capítulo tercero, denominado “Del Programa para la Promoción de la Cultura de la Legalidad en el Estado”, establece que el Programa será el instrumento guía para orientar las políticas públicas y las acciones de fomento y promoción de la cultura de la legalidad, que en forma coordinada realicen el estado, las instituciones, grupos y organismos públicos, privados o sociales, así como ciudadanos de la sociedad civil que integren el Consejo.
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