Este día la Comisión de Hacienda de la 56 Legislatura arrancó con los trabajos de fiscalización, en donde se analizarán las iniciativas de Ley de Ingresos tanto de los municipios como del Gobierno del Estado, así como las cuentas públicas.
El diputado y presidente de dicha comisión, Rigoberto Salazar Velasco informó que se analizarán los proyectos de dictámenes que les entregará el Órgano Superior de Fiscalización, relativo a la calificación de las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2010.
Las reuniones de trabajo se desarrollaron en la sala de juntas “General Francisco J. Múgica” del Congreso del Estado y en la primera participaron los representantes de las finanzas públicas de los ayuntamientos.
También estuvo la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), Cristina González Márquez.
En la segunda reunión, estuvo el presidente municipal de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, para ampliar la información acerca de la solicitud de endeudamiento que por 20 millones de pesos solicitó al Congreso del Estrado.
Es de mencionar que las reuniones proseguirán la próxima semana del 14 al 17 de noviembre, donde analizarán lo concerniente al paquete económico del Gobierno del Estado, que son la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2012, donde será convocado el secretario de Finanzas y Administración, Jesús Orozco Alfaro y sus colaboradores, a fin de que amplíen la información, y en su caso contesten las dudas que puedan tener los legisladores respecto al paquete fiscal.
De acuerdo a lo que se tiene proyectado, en la semana del 20 al 24 de noviembre se analizará lo referente a las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2010, donde se conocerá el informe de resultados que arrojaron las auditorías en los 10 municipios, los nueve organismos operadores de agua potable, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo del Estado, y una vez que estén debidamente analizados los dictámenes llevarlos al pleno para su análisis, discusión y probable aprobación.
Tesoreros dicen que el DAP es indispensable para ofrecer alumbrado público
En el análisis de las iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2011, tesoreros de los municipios manifestaron la necesidad de mantener el cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, para que los ayuntamientos tengan la posibilidad de seguir prestando ese servicio.
En sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, los tesoreros municipales manifestaron que derogar el DAP causaría mayor complicación para los ayuntamientos y afectaría la seguridad de los colimenses, por lo que el tesorero de Armería Jesús Rojas Fermín, manifestó que ellos facturan mensualmente por derecho de alumbrado público 300 mil pesos.
“Al Ayuntamiento de Armería le significa un egreso mensual de 300 mil pesos el concepto de energía eléctrica por alumbrado público, por lo que si se elimina el DAP para el municipio, nosotros dejaríamos de prestar el servicio de alumbrado público que constitucionalmente debemos ofrecer”, señaló Jesús Rojas Fermín.
El funcionario municipal indicó que para Armería es insuficiente lo que se recauda por concepto del DAP, ya que el ingreso mensual por ese derecho a la Tesorería Municipal es alrededor de 230 mil pesos, teniendo que aportar el municipio entre 70 y 80 mil pesos para pagar a la CFE la energía eléctrica por servicio de alumbrado público.
La postura del tesorero armeritense fue respaldada por el resto de sus homólogos, quienes reiteraron que de no prestarse el servicio de alumbrado público, se generaría un problema social relacionado con cuestiones de inseguridad pública, además les afectaría en el reparto de participaciones federales, ya que el ingreso por recaudación propia disminuiría, entre otras afectaciones.
En este tenor, el abogado del Congreso del Estado, José de Jesús Acosta Martínez, explicó que el DAP ha sido declarado inconstitucional sólo para aquellos ciudadanos que se amparan ante la justicia federal y cuya sentencia les favorezca, pero aún existiendo sentencias de amparo que declaren inconstitucional la forma como se calcula el cobro de ese derecho, éste conserva su vigencia frente a quienes no se ampararon y están obligados a su cumplimiento.
Rigoberto Salazar Velasco, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, expresó que en el análisis del DAP serán tomadas en cuenta las posturas de los ayuntamientos para la elaboración de los dictámenes correspondientes, ya que cada uno de los gobiernos municipales argumenta el motivo por el cual piden que continúe el cobro de ese derecho.
Por su parte, Cristina González Márquez, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, señaló que el incremento de ingresos planteado por los ayuntamientos es sus respectivas iniciativas de ley es mínimo.
En ese sentido, Armería solicita en su ley de ingresos para el 2012 86 millones de pesos, un un incremento del 4 por ciento en relación a 2011; Colima pretende ingresos de 456 millones 919 mil 545 pesos, un incremento del 3 por ciento; Comala, 66 millones 201 mil 352 pesos, con incremento del 2 por ciento, y Coquimatlán, 63 millones 426 mil 853 pesos, un incremento del 1 por ciento.
De igual manera, el municipio de Cuauhtémoc solicita 71 millones 198 mil 241 pesos, un incremento del 5 por ciento; Ixtlahuacán, 46 millones 900 mil pesos, un decremento del 1 por ciento; Manzanillo, 599 millones de pesos, 5 por ciento más que en 2011; Minatitlán, 60 millones 517 mil 324 pesos, 6 por ciento más que el año anterior; Villa de Álvarez, 237 millones 19 mil 38 pesos, sin incremento, y el ayuntamiento de Tecomán, que sigue sin presentar su iniciativa de ley de ingresos.
A la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la que participaron diputados del PRI, PAN y Partido Nueva Alianza, asistieron los tesoreros y tesoreras de los municipios de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Manzanillo y Villa de Álvarez.
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