Congreso aprueba Ley contra Narcomenudeo

Foto: AFMedios/Diputados tuvieron doble sesión este día.

Colima.- El Congreso del Estado aprobó en votación unánime los dos dictámenes que contienen el paquete de reformas conocido como “Ley contra el narcomenudeo”, con la cual se establece la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el combate a esa conducta delictiva.

El primero de los dictámenes, el elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, incluye reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales; a las leyes de Salud del Estado; a la Orgánica del Ministerio Público; a la de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; a la de Prevención y Readaptación Social; a la del Sistema de Seguridad Pública, y a la del Sistema de Justicia para Adolescentes; mientras el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, planteó la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al leer el primero de los dictámenes, Itzel Ríos de la Mora, autora de la iniciativa junto con los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, dijo que con la aprobación de las reformas, las normas locales se adecuan al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a Ley General de Salud en materia de narcomenudeo.

Las reformas aprobadas este viernes otorgan facultades a las autoridades de procuración e impartición de justicia para investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y privilegian los procesos de rehabilitación que la Secretaría de Salud del Estado está obligada a proporcionar a las personas farmacodependientes.

Por lo que respecta al Código Penal de Colima, la adición aprobada considera delitos competencia de tribunales estatales, los previstos en la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo; mientras el Código de Procedimientos Penales destaca la competencia otorgada al Ministerio Público del Fuero Común para conocer ese tipo de delitos contra la salud.

Entre las reformas a la Ley de Salud del Estado de Colima, sobresalen dos obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud: la realización de campañas de orientación para prevenir daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes, y el tratamiento de las adicciones mediante la aplicación del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia.

Respecto a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, se prevé la promoción de la rehabilitación de los adictos por parte de la Secretaría de Salud, mediante el establecimiento de centros especializados.

En cuanto a la Ley de Prevención y Readaptación Social, destaca la obligación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de prestar servicios de rehabilitación a los farmacodependientes al interior de los centros de reclusión.

La Ley del Sistema de Seguridad Pública destaca como un deber de los integrantes de las instituciones policiales del Estado y los municipios, prevenir y combatir las actividades de posesión, comercio y suministro de narcóticos cuando dichas actividades sean realizadas en lugares públicos.

Por su parte, el dictamen con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, presentado por la diputada Mónica Anguiano López, presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, establece la creación de los Juzgados Especializados en Narcomenudeo.

El dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos señala en sus artículos transitorios que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado deberán prever y realizar las acciones necesarias para asegurar los recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado, a fin de que las autoridades del fuero común puedan dar cumplimiento a las nuevas competencias y atribuciones.

Finalmente, el dictamen con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala en su artículos transitorios, que en tanto se creen los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, conocerán de los delitos en esa materia los Juzgados de Primera Instancia en el ámbito Penal, además de establecer que el Poder Ejecutivo deberá radicar los recursos públicos necesarios para la creación de esos juzgados especializados.

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