Ostula.- Las más de 700 hectáreas recuperadas (se habla de cerca de mil, pero no se tiene el número exacto) forman parte de las 28 mil hectáreas de tierras comunales que pertenecen a la comunidad indígena de Ostula.
Los nahuas explican que la comunidad “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964”.
Posteriormente se dieron una serie de irregularidades en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad vecina de La Placita empezó a invadir el lugar.
Rufino cuenta que “en mayo de 1997, recomenzaron la lucha legal por la restitución y empezaron una primera negociación con los invasores.
Se vinieron propuestas que no convenían y luego como que se ignoró un tiempo el problema. Los mestizos siguieron sembrando su tamarindo y hasta decían “qué bueno que los indios nos vinieron a hacer el desmonte”.
“En junio de 2003 la comunidad se organiza nuevamente, limpia el terreno y en septiembre de ese año se empiezan a construir pequeñas casitas, como unas 20. Se viene otra negociación y el gobierno advierte que mientras no haya una resolución va a resguardar la zona y que ninguna de las partes podría entrar. La comunidad muy creída se sale el 10 de septiembre, cumpliendo los acuerdos, pero luego resulta que los pequeños propietarios siguieron trabajando. Eso indigna. Y luego todavía nos demandan ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima. Más burla”.
Rufino relata que en abril de 2008 “la comunidad se volvió a reunir y se tomó la decisión de tomar la tierra y construir nuevas casas (las otras que habíamos levantado las destruyeron). Y luego ya se toma el acuerdo que para junio de este año haríamos la acción. Lo hicimos y tomamos la tierra. Éramos como 300 comuneros los que logramos entrar al terreno el día 29″.
«Nos recibieron a balazos, hirieron a un compañero y nuestra policía hizo la autodefensa. El martes 30 nos reorganizamos y entramos todos los que faltaban. Éramos como 2 mil. Ya en el terreno nos dimos más valor. Ya no nos saca nadie”.
Los comuneros coinciden en que su movimiento es “legal, pacífico, civil y constitucional” y, advierte Manuel, “se planeó para hacer respetar nuestros derechos y nuestra autonomía.
Los policías comunitarios están para resguardar nuestra seguridad, para cuidarnos, pero no para tratar mal a nadie”. Rufino coincide: “las leyes nos respaldan. El artículo segundo constitucional dice que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía y nuestras costumbres. La policía comunitaria es algo que de por sí existe en los pueblos desde siempre. Aunque ahora ya más formal”.
También, continúa, “sabemos que hay otros instrumentos internacionales que respaldan nuestra autonomía y por eso pues nosotros nada más lo hacemos”.
Información Publicada por Ecos de la Costa y elaborada por Gloria Ramírez, fotografía tomada del portal del EZLN
