A PROPÓSITO
Por: Fernando MORENO PEÑA
La Auditoria Superior de Federación (ASF) informó que durante 2019, correspondiente al primer año de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encontraron irregularidades por 99 mil 396.6 millones de pesos.
Esta cifra prácticamente duplica los 50 mil 721.5 millones de pesos detectados en 2013 durante el sexenio de Enrique Peña.
Informó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232 por ciento más que el monto original.
En el documento “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, publicado en abril de 2019, la SCT informó que el costo de cancelación sería de 100 mil millones de pesos y ese monto fue tomado como referencia, menciona la ASF.
Hasta la fecha no se han hecho públicas las investigaciones de corrupción en el NAIM, ni ha habido sancionados, que fue el argumento para cancelar el aeropuerto, grandes empresarios de la obra cancelada son beneficiarios de adjudicaciones directas y licitaciones preferenciales en otras obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Sobre los proyectos emblemáticos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó: 1.- El inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas se hizo aun cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) no contaba con la suficiente información técnica del proyecto y se requería de mayor maduración en el análisis de la viabilidad del proyecto de inversión.
2.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La auditoría detectó una disminución entre el presupuesto previsto y el autorizado por Hacienda.
La auditoría concluyó que la Sedena “no proporcionó evidencia que justificara dichas cifras”. En una amplia revisión de uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, encontró “una brecha entre los recursos requeridos y autorizados” por Hacienda para el aeropuerto de Santa Lucía.
3.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) arrancó en 2019 el proyecto del Tren Maya sin haber determinado su factibilidad social y sin contar con un diagnóstico que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación, la Auditoría Superior de la Federación.
Realizó siete auditorías al Tren Maya, en las que tras revisar el ejercicio de más de casi mil 100 millones de pesos, concluye, entre otros puntos, que se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos, relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos.
4.- El objetivo principal del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de fomentar la inclusión laboral de quienes no tienen oportunidades de empleo o estudio está lejos de cumplirse.
La dependencia indicó que entre 20 y 24 por ciento de los egresados en 2020 fue o está por contratarse, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que del millón 194 mil 761 becarios, para agosto sólo 9 mil 232, 0.8 por ciento, trabajaban donde se capacitaron.
La ASF detectó que no hay seguimiento hacia los egresados ni de sus habilidades aprendidas. De los 195 mil 454 centros de trabajo, 5 mil 903 (3 por ciento) contrataron a becarios tras su capacitación.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro entregó apoyos a fallecidos, repartió ayudas a personas que ya estaban recibiendo otras becas gubernamentales y carece de mecanismos de control para validar los datos de los aspirantes. En los centros de trabajo se encontraron domicilios inexistentes o abandonados, y otros no pudieron comprobar la supuesta capacitación económica.
El presidente AMLO descalificó el informe de la Auditoria Superior argumentando que “él tiene otros datos”.
Cada quien sus prioridades
El presidente AMLO hizo un llamado a los países en donde se ubican los grandes laboratorios productores de vacunas anti-Covid ser solidarios y no acaparar el biológico.
Esto se debe a que países productores de vacunas, de manera particular la comunidad europea, han tomado medidas para que las vacunas producidas en sus países, se apliquen primero a su población y después se puedan exportar.
Se refirió al acaparamiento por unas cuantas naciones en perjuicio de la mayoría. López Obrador alertó que actualmente sólo se está aplicando ese biológico en 80 países y, de éstos, 10 acaparan 80 por ciento de la producción disponible. Y es que cerca de 120 países no tienen ni una sola dosis de vacunas, situación que no puede ser ignorada.
El canciller Ebrard hizo la denuncia de acaparamiento en la ONU y el presidente AMLO agradeció a los gobiernos de Rusia, India y China por apoyar a México: “Acudimos a ellos y respondieron de manera fraterna, entendiendo que es importante la fraternidad universal”.
Que bien que el presidente AMLO agradece la venta que nos están haciendo de vacunas los tres países mencionados, no son regaladas, son vendidas y el presidente debe tener presente que en el tema de la vacunación estamos inmersos y dominados por vendedores, no por almas de la caridad.
Cada país, de manera soberana, toma las decisiones en aras de su interés nacional y atendiendo primero a su población. Los países europeos principalmente Alemania e Inglaterra y los Estados Unidos, decidieron ante la grave pandemia, atenderla con seriedad, combatirla y prevenir el contagio invirtiendo grandes cantidades de dinero en investigación científica que produjera vacunas eficaces y suficientes.
El gobierno de México ante la pandemia menospreció el daño del coronavirus, apostó a la historia y a la fuerza de la raza indígena inmune ante estos males de la modernidad. Optaron por combatir la pandemia con amuletos, dichos y refranes y se negaron apoyarse en lo que llamaron la ciencia neoliberal.
El gobierno de México no protegió a su personal sanitario, ni respaldó a los millones de desempleados que se quedaron sin ingresos y sin empleo, no quiso gastar en pruebas para detectar y aislar el contagio. El gobierno del México frente a la pandemia ha tenido otras prioridades y ahí decidió invertir los escasos recursos públicos, tren maya, aeropuerto Santa Lucía y refinería de Dos Bocas, apostó por rescatar a Pemex que el año pasado 761 mil millones de pesos.
El Congreso de la Unión, dominado por el presidente, le aprobó la desaparición de los fideicomisos que apoyaban a la investigación científica y a los investigadores a quienes se acusó de corrupción por las becas que por sus trabajos reconocidos en el extranjero recibían.
En México se denostó y acusó de corrupción a la industria farmacéutica, se les dejó de comprar y los obligaron al cierre y a la perdida de empleos.
La canciller alemana Angela Merker apostó a la ciencia apoyó a los laboratorios farmacéuticos, invirtió en investigación y obtuvo vacunas.
Estados Unidos aun con Trump en la presidencia apostaron en la ciencia y a la investigación desarrollaron y produjeron vacunas.
¿Tienen derecho los alemanes y los estadunidenses a vacunar primero a sus ciudadanos que sostienen con sus trabajos sus economías y que decidieron invertir para enfrentar el coronavirus?
Soberanamente, cada país decide sus prioridades.
Golpe a los trabajadores federales al servicio del Estado
En su primer año de gobierno, el presidente AMLO se comprometió a que las pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, que son millones de personas, cobraran sus pensiones en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización (UMA).
Septiembre del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia en la que establece que la pensión es una prestación de seguridad social derivada de una relación laboral y sustentada en el salario, por lo que la pensión debe ser fijada en salarios mínimos.
Sin embargo, AMLO comentó que se debería de actuar responsablemente y todo indica que influyó en la Suprema Corte para que ésta resolviera en contra de la petición de los trabajadores para que se les pague la pensión en salarios mínimos.
AMLO tiene la oportunidad de apoyar a los trabajadores al servicio del Estado, si envía una iniciativa al Congreso de la Unión que controla, para que la pensión en lugar de ser de 5 UMAS, se incremente a 6 o a 7 y acredite así que cumplió su compromiso de campaña.
