Colima.- Un diálogo que se prolongó por más de tres horas, entre las autoridades estatales y el grupo de comuneros que mantenían un bloqueo en la entrada principal de Zacualpan, Comala, logró que se reabriera el paso de la carretera hacia la comunidad, pero la Misión Internacional no dio confianza a los comuneros que mantenían el bloqueo y les fue impedido el paso.
El argumento de algunos habitantes de Zacualpan que habían bloqueado el acceso fue no permitir la entrada a extranjeros, porque consideraron que solo venían a abogar por los argumentos de la Asociación Bios Iguana y la del grupo del actual comisario de Bienes Comunales, Taurino Rincón.
Los indígenas contrarios a Taurino Rincón, señalan que Bios Iguana (ajena a esta comunidad) y la actual dirigencia buscan la explotación de los recursos naturales de Zacualpan.
«A nosotros no nos interesa que vengan como turistas o su opinión, estamos al bordo de arreglar nuestro problema con autonomía», dijo Guadalupe Laureano, argumentando que no podían dejar pasar a los extranjeros provenientes de Canadá y Estados Unidos.
La discusión se tornó álgida en varios momentos y fue necesaria la presencia de un equipo antimotines de las fuerzas públicas estatales, con una tanqueta y aproximadamente cien elementos, que estuvo a punto de actuar para reabrir el paso, pero quedó apenas a unos metros del improvisado bloqueo.
La Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan intentó entrar a la comunidad por segunda ocasión, después de que el domingo 1 de marzo se les impidió el paso, y de nuevo no lo consiguió, por lo que señalaron «la falta de oficio político del Gobierno Estatal para garantizar el derecho al libre tránsito».
Es así como los integrantes de la Misión de extranjeros pedían que se les diera total acceso haciendo valer las medidas cautelares dictadas este lunes, después de haberse reunido con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el secretario General de Gobierno.
Estos acuerdos fueron garantizar el libre acceso a la comunidad a todas las personas, dar condiciones de seguridad a la Misión y que el grupo de Taurino Rincón, legalmente reconocidos, puedan hacer uso del balneario «Ojo de Agua».
Sin embargo la Misión no contempla que en este conflicto, incluso ni el Gobierno y Congreso del estado de Colima tienen injerencia legal alguna, así como organizaciones nacionales y extranjeras, salvo las autoridades agrarias.
En un primer momento, la negociación fue dirigida por José Alberto Peregrina Sánchez, director General de Gobierno, y se sumó Marcos Santana Montes, procurador de Justicia, y Raúl Pinedo Dávila, secretario de Seguridad Pública.
Pero los representantes del Gobierno del Estado no convencieron a los indígenas para permitir el acceso de la Misión, por lo que Taurino Rincón Lorenzo autorizó hacer uso de la fuerza pública para el desalojo del bloqueo.
«Yo asumo la responsabilidad y el secretario de Seguridad Pública ha reafirmado que se hará el desalojo, sino lo quieren de manera pacífica, lo harán a la fuerza».
Los observadores exigían que el gobierno les ‘abriera el camino’ quitando a los comuneros, basados en la petición de la CEDH, pero cuando las autoridades les respondieron que podían hacer que pasaran con la fuerza pública pero bajo la responsabilidad de ellos, los observadores mejor se fueron.
«Como Misión nos tenemos que retirar, lamentamos que no se haya podido garantizar el orden, faltó oficio político del Gobierno, no han hecho lo que les corresponde», dijo uno de los representantes.
Una vez que se retiró el grupo de observadores, no fue necesaria la actuación de los uniformados, los comuneros reabrieron la circulación, aunque ellos permanecen en un campamento montado a un costado del camino de ingreso a la comunidad, con el compromiso de no bloquearlo.
En entrevista con los medios de comunicación, el procurador de Justicia, Marcos Santana Montes, aseguró que se garantiza el libre tránsito hacia la comunidad permanente, incluso si la Misión decide regresar.
El funcionario estatal adelantó que habrá seguridad pública de manera permanente y no van a permitir que haya bloqueos, sin embargo, no se pronunció sobre la liberación del “Ojo de Agua”, cuya administración se disputan ambos grupos.
Cuatro horas después de negociaciones, cuando ya todas las autoridades se retiraban, llegó al lugar el presidente de la CEDH, Roberto Chapula de la Mora, acompañado de Antero González Márquez, delegado regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El Ombudsman colimense intentó convencer a los comuneros de hablar con la Misión Internacional, para buscar la solución al conflicto, a través del dialogo.
“Tenemos que cuidar la imagen del estado, viene gente de fuera, que vena que las cosas no si como se las pinten, que dialoguen con la gente de aquí”.
Por su parte, el representante de la CDI aseguró que será mediador para la solución del problema, pero su labor será de gestoría, pues no tiene atribuciones de actuación más directa.
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