Por Fernando Moreno Peña
El pasado jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la petición del Presidente de la República sobre la consulta ciudadana que presentó al Senado de la República, con la intención de preguntar a la ciudadanía, conforme al artículo 35 constitucional, si están de acuerdo en que se investigue y procese a los expresidentes de la República, de Salinas de Gortari a Peña Nieto.
En reiteradas ocasiones, el presidente AMLO exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a que no tuvieran miedo y resolvieran de manera favorable su petición, porque así lo quería el pueblo de México, los invitó a que resolvieran escuchando el sentir popular.
Al ministro Luis María Aguilar correspondió presentar el dictamen de resolución proponiendo se rechazará la petición del presidente AMLO por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, del debido proceso y de la igualdad jurídica frente a la ley.
Sometido a discusión del pleno el proyecto del ministro Aguilar, sorprendió que el presidente de la SCJN, ministro Arturo Saldívar, hizo uso de la palabra para pronunciarse en contra del proyecto y fijar su postura en el sentido en el que debería declararse constitucional la consulta, en una interpretación de que estaba dando línea ante una votación apretada, pues es costumbre en la Corte que el ministro presidente siempre fija al último, su postura, después de escuchar los posicionamientos de todos los demás ministros, rompió así una regla no escrita, que sin ser ilegal su conducta motivó múltiples comentarios.
El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que se “debe integrar la voz de todas las personas al debate político”. Ubicó el tema en lo político más que en lo jurídico y defendió el derecho humano que tienen los ciudadanos de participar mediante consultas en el debate de los temas de interés público: “Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana”.
El ministro Saldívar ubicó el debate y su argumento en defensa de la consulta, discutiendo en primer término si la consulta era constitucional o no, desligando el tema del texto de la pregunta que planteó el presidente de la república. Considerando el ministro que participar en una consulta es un derecho que se debe defender y que este instrumento de participación está considerado en la Constitución y en consecuencia, es legal su instrumentación.
Al centrarse el debate en la constitucionalidad de la consulta, varios ministros la consideraron constitucional, y dijeron que votarían en ese sentido siempre y cuando se modificará la pregunta y se cambiara su redacción, intención y propósito.
La votación fue de 6 ministros en favor de la constitucionalidad de la consulta y 5 que respaldaron el proyecto del ministro Aguilar, en el sentido de que era inconstitucional.
Después de la votación, se declaró un receso para presentar un proyecto de una pregunta que no fuera violatoria de la Constitución, pues la mayoría de los ministros consideraban que, si bien la consulta era constitucional, la pregunta del presidente AMLO era inconstitucional.
La pregunta considerada inconstitucional que presentó el presidente AMLO es la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Esta pregunta, considerada inconstitucional, habla de investigaciones, en su caso sanciones, de la presunta comisión de delitos; o sea, acciones que compete realizar a las fiscalías que procuran la justicia y a los jueces que imparten justicia y que no deben ser consultadas a la población, porque la ley claramente establece cuándo, cómo y quiénes, deben perseguir y castigar a quienes cometen hechos ilícitos.
Además, está dirigida a 5 personas que fueron presidentes de la república, a quienes se les violenta con esa pregunta su presunción de inocencia, su igualdad frente a la ley, y su debido proceso.
Quedó claro en la discusión que la justicia no se consulta, se aplica conforme a la ley, en virtud de ello se redactó una nueva pregunta que contó con la aprobación de 8 ministros y 3 en contra. La pregunta que se planteará es la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La nueva pregunta es un cuestionamiento totalmente distinto al del presidente López Obrador y no implica en ella ningún tema relativo a investigaciones penales o sentencias por la comisión de delitos, ni tampoco considera ninguno de los procesos o acciones legales en la que participen las fiscalías o el Poder Judicial.
Se trata de establecer procesos para esclarecer o conocer como se dieron los hechos políticos de los años pasados, no los hechos delictivos de actores políticos, y se refiere a todos los actores políticos, no únicamente a los expresidentes, ahí se incluyen también a regidores, síndicos, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado; o sea, a cualquier actor político, y además, se incluyen también, en sus dos primeros años de gobierno, al presidente López Obrador.
Y no precisa qué tipo de hechos, habla de todos y ahí pudieran incluirse, los del porfiriato o los de Victoriano Huerta, el asesinato de Madero o de Álvaro Obregón, el crimen de Colosio, el movimiento del 68, Ayotzinapa, las pintas de los monumentos del paseo de la reforma, el supuesto fraude electoral del 2006, o la toma de pozos petroleros en Tabasco en los años 90 etc. etc.
La pregunta que es de carácter general y no habla de juzgar a los expresidentes, no tiene temporalidad, puede abarcar a personajes de la conquista, de la independencia, de la reforma, de la revolución mexicana y de la cuarta transformación.
Ésta pregunta, como la aprobó la SCJN, no puede ser modificada y si el presidente AMLO o el Senado no están de acuerdo con su redacción, únicamente les quedará desistirse de la consulta.
La Corte informará formalmente al Senado para que la apruebe por mayoría simple y la remita para el mismo fin a la Cámara de Diputados y a su vez, emitan la convocatoria para la consulta y se turne al Instituto Nacional Electoral para su realización, que deberá llevarse a cabo el primer domingo de agosto del 2021 y no pudiéndose hacer el mismo día de las elecciones el 6 de junio 2021, tal como quería el presidente AMLO.
Con esta resolución de la Corte, gana el presidente AMLO, porque tendrá una consulta, pero pierde porque le cambiaron totalmente la pregunta y no se podrá mediante esta consulta enjuiciar a los expresidentes, los cuales pueden ser enjuiciados antes de la consulta o después, si hay elementos jurídicos que así lo ameriten.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, no festejó el jueves la resolución de la Corte, mantuvo silencio, fue hasta ayer cuando dijo que celebraba que la Corte hubiera avalado realizar la consulta popular sobre expresidentes, aunque la pregunta no habla de los expresidentes, es cómo el caso de la rifa del avión, en la que no se rifó el avión, aquí se le llama por AMLO la consulta de los expresidentes, aunque no se juzgue a los expresidentes.
Para AMLO, “La noticia importante es que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos, garantizan los derechos humanos, en contra de los expresidentes de la República, esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, no aprobó la Corte nada en contra de los expresidentes.
El malestar del presidente se expresa: “Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, al final es sí o no y ya la gente va a irla interpretando (…) Es genérica, no diría abstracta, sería mucho, es poco clara”.
AMLO tiene ya su consulta, costará 8 mil millones de pesos llevarla a cabo y que no llevará a juicio a nadie.
Quien pierde por todos lados es la Suprema Corte de Justicia, no dejó contento a nadie.
Falló la Corte.
