APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hay una línea que una democracia no debería permitir que se vuelva borrosa: la que separa el poder político del poder criminal.
Cuando un grupo delictivo amenaza a candidatos, financia campañas, presiona a funcionarios, condiciona el voto o interviene para decidir quién puede competir y quién debe retirarse, el problema deja de ser solamente de seguridad. Se convierte en un problema electoral. Y, en última instancia, en un problema de legitimidad democrática.
Por eso lo ocurrido hace unas semanas en Chihuahua merece algo más que la habitual pelea de declaraciones entre Morena y PAN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió parcialmente las impugnaciones contra la reforma electoral de Chihuahua que había incorporado disposiciones para enfrentar la intervención de la delincuencia en los procesos electorales.
La Corte invalidó reglas que permitían sancionar a candidatos por actos cometidos por terceros sin acreditar responsabilidad personal y eliminó la cancelación automática del registro como consecuencia de esas conductas. Pero hay una precisión fundamental: no desapareció la posibilidad de anular una elección cuando actos de delincuencia permanente o sistemática incidan en el proceso y sean graves, dolosos y determinantes para el resultado.
La diferencia parece jurídica, pero en realidad toca algo mucho más profundo.
Una cosa es decir que un candidato perdió una elección porque un grupo criminal intervino en ella. Otra, muy distinta, es afirmar que ese candidato debe perder automáticamente su registro por el solo hecho de que alguien externo lo haya beneficiado.
La primera situación ataca la autenticidad de la elección. La segunda exige demostrar responsabilidad individual.
Y ahí está uno de los dilemas más incómodos de cualquier democracia: ¿cómo impedir que el dinero, la violencia o la intimidación del crimen organizado decidan una elección sin destruir, en el intento, principios básicos como la presunción de inocencia y la responsabilidad personal?
No es una pregunta menor. Porque el miedo también puede convertirse en una herramienta electoral.
Un candidato puede recibir dinero ilegal. Puede pactar con criminales. Puede utilizar su estructura. Puede permitir que un grupo armado intimide adversarios. Puede incluso convertirse en parte de una operación destinada a controlar una elección.
Pero también puede ocurrir que un grupo criminal decida favorecer unilateralmente a una candidatura sin que exista conocimiento o consentimiento de quien resulta beneficiado.
Son situaciones distintas. El derecho tiene que distinguirlas. Y quizá eso explica mejor la resolución de la Corte que la narrativa política que comenzó a construirse inmediatamente después.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber impugnado la reforma para eliminar el llamado blindaje contra el crimen organizado. Morena, por su parte, ha cuestionado la legislación y su alcance. Pero convertir el asunto en una simple disputa entre partidos puede terminar ocultando la verdadera discusión: qué herramientas puede utilizar un Estado democrático para impedir que el crimen organizado capture las elecciones sin convertir la lucha contra el narcotráfico en una maquinaria de sanciones automáticas.
Porque hay algo todavía más complicado. Durante años hemos hablado de la violencia como una amenaza para la democracia. Quizá hemos estado mirando el problema desde el lugar equivocado.
La violencia criminal no necesariamente necesita cerrar una casilla para alterar una elección. Puede bastar con que un candidato tenga miedo. Que otro abandone. Que un partido no pueda hacer campaña en determinada comunidad. Que ciertos operadores territoriales sean amenazados.
Que el dinero ilegal financie propaganda. Que alguien decida quién puede recorrer una región y quién no. Que los ciudadanos sepan que votar por determinada opción puede tener consecuencias.
En esas condiciones, la boleta sigue existiendo. La casilla sigue instalada. Los funcionarios siguen contando votos. Y, sin embargo, la democracia puede estar siendo vaciada desde dentro.
Por eso resulta importante que la discusión no termine en el concepto político de narcocandidato, una expresión poderosa para los titulares pero jurídicamente insuficiente si no se acompaña de pruebas concretas.
La democracia no puede combatir al crimen organizado utilizando las mismas reglas de arbitrariedad que pretende erradicar. Si alguien recibió financiamiento criminal, debe demostrarse. Si alguien pactó con una organización delictiva, debe demostrarse.
Si una estructura criminal intervino deliberadamente en una elección, debe demostrarse. Y si esa intervención fue suficientemente grave, dolosa y determinante para alterar el resultado, entonces debe existir una vía jurídica para reconocer que aquello ya no fue una elección libre. La propia Corte mantuvo esa posibilidad en Chihuahua.
Hay, además, otra ironía en todo esto. Mientras PAN y Morena se acusan mutuamente de querer abrir o cerrar la puerta al crimen organizado, el problema real no pertenece a ningún partido.
El narcotráfico no tiene ideología electoral. Puede intentar relacionarse con gobiernos, partidos, candidatos, policías, empresarios o funcionarios de distintas filiaciones cuando encuentra condiciones para hacerlo.
Por eso convertir esta discusión en una batalla exclusivamente partidista puede ser una forma de no mirar el problema completo. Y México debería mirar.
Porque estamos entrando a una época en la que la disputa por el poder no solamente ocurre entre partidos. También ocurre entre instituciones democráticas y poderes fácticos. Entre el Estado y organizaciones criminales con capacidad económica, territorial y armada. Entre la libertad del ciudadano para votar y la capacidad de otros para condicionarle ese voto.
La pregunta, entonces, no debería ser si Morena o el PAN ganó esta discusión. La pregunta es mucho más incómoda:
¿Qué hacemos cuando la democracia gana una elección en una región donde el crimen organizado decidió quién podía competir?
Porque entonces quizá tengamos una elección legal. Pero no necesariamente una elección libre. Y esa diferencia puede ser, precisamente, la diferencia entre contar votos y defender la democracia.
