Frases de oro // El pueblo y el discurso se les fue de las manos
Por Jorge Arturo OROZCO SANMIGUEL*
Hay momentos en la política en los que una sola palabra dice mucho más de lo que parece. La reciente visita de Claudia Sheinbaum a Colima dejó varias: “PRIAN”, “irrespetuosos”, “minoría” y, quizá la más preocupante, “votación”. No por lo que significan en el diccionario, sino por la manera en que se utilizan para definir quién merece ser escuchada o escuchado y quién no.
Durante la protesta de las y los pescadores, salineros, ambientalistas, ciudadanas y ciudadanos que cuestionan la expansión del puerto y sus posibles efectos sobre la Laguna de Cuyutlán, la respuesta presidencial fue señalar a algunos manifestantes como “infiltrados del PRIAN” y calificarlos de “irrespetuosos”.
Y aquí es donde comienza el verdadero problema: cuando una persona protesta contra una decisión del gobierno, lo primero que debería importar no es de qué partido es, sino qué está diciendo. Si su argumento es válido, debe ser atendido; en cambio, si está equivocado, debe ser considerable. Pero convertir a la o el manifestante en una etiqueta política permite evitar precisamente eso: discutir el argumento.
Desde la lingüística podemos entenderlo con claridad: nombrar también es clasificar. Cuando alguien es colocado dentro de una categoría como “PRIAN”, deja de aparecer ante nosotras y nosotros como ciudadana o ciudadano con una demanda concreta, y comienza a aparecer como adversaria o adversario político. La etiqueta termina sustituyendo a la discusión. Y ahí hay una contradicción profunda con una de las ideas históricas de la izquierda: primero es el pueblo.
Porque la población no es Morena, tampoco es el PT o la Cuarta Transformación. El pueblo incluye a quienes votaron por esos proyectos, pero también a quienes lo hicieron por otros partidos; a quienes no votaron por nadie o simplemente tienen una inconformidad particular. Una ciudadana o ciudadano no necesita una credencial partidista para tener derecho a reclamarle algo al gobierno.
Por eso resulta especialmente extraño escuchar que una protesta debe ser sometida a una especie de filtro político para determinar si merece atención. Durante décadas, la izquierda mexicana fue una minoría política; precisamente desde esa condición fue donde exigió ser escuchada, reconocida y tomada en cuenta.
La historia del izquierdismo mexicano está llena de movimientos que comenzaron siendo minoritarios. Si el argumento fuera que las minorías no tienen suficiente legitimidad para ser escuchadas, muchas de las luchas sociales que hoy se consideran legítimas jamás habrían encontrado espacio.
Y justo fue en ese momento donde se mencionó otra palabra que merece atención: votación. Según lo expresado durante el encuentro, habría una elección para determinar si se escucharán a las y los manifestantes. Pero ¿desde cuándo atender a la ciudadanía necesita una votación? Esto no significa estar de acuerdo, tampoco es conceder una petición; significa reconocer que la otra u otro tiene derecho a expresar aquello que considera injusto. Una democracia no funciona bajo la lógica de “te escucho si ganas”. Si así fuera, las minorías quedarían condenadas al silencio permanente.
La democracia, en su sentido más elemental, también consiste en garantizar que quien está en desacuerdo pueda hablar. Y particularmente cuando ese desacuerdo está relacionado con una decisión pública que puede afectar el territorio, medio ambiente y actividades económicas de una comunidad, la obligación del gobierno debería ser todavía mayor.
El caso de Cuyutlán no debería reducirse a una pelea entre “la transformación” y el “PRIAN”. La discusión real es mucho más importante: ¿qué tipo de desarrollo se quiere para Colima y quién está pagando sus costos? Si una obra representa progreso, hay que explicar para quién o quiénes. Si genera empleos, hay que preguntar qué actividades desplaza o si beneficia a la economía. También debe analizarse qué sucede con quienes viven actualmente de ese territorio.
Eso es gobernar: escuchar las preguntas incómodas antes de tomar decisiones. Por supuesto, una protesta puede tener excesos. Se puede cuestionar el tono, la forma o determinadas acciones de quienes participan. Pero una cosa es criticar la manera de manifestar y otra muy distinta descalificar la causa por la identidad política que se atribuye a quienes protestan.
Y aquí también hay una responsabilidad que no debería perderse de vista: la de quienes están encargados de hacer política desde el gobierno. Todas y todos quienes forman parte de un proyecto político, pero particularmente las dependencias encargadas de la gobernabilidad, tienen la responsabilidad de cuidar y respaldar a quien encabeza ese proyecto. Y respaldar no significa solamente aplaudir, llenar eventos o corear consignas.
El apoyo también se demuestra operando, dialogando y canalizando los conflictos antes de que lleguen a convertirse en una crisis política. Si existía una demanda legítima de las y los salineros, así como otros sectores, la pregunta también debería ser qué hicieron previamente las instancias responsables para escucharla y darle cauce. No se trata de hacer control de daños después de que el problema estalló es evitar que el daño ocurra. La política, entendida como capacidad de diálogo y construcción de acuerdos, debería servir precisamente para eso.
Porque, al final, hay una frase que me encanta, aunque sé perfectamente que es un gran pleonasmo: la función de un funcionario es funcionar. Tal vez ese sea el verdadero problema que deja la visita presidencial a Colima. No solamente lo ocurrido en una protesta, sino el riesgo de que el concepto de “pueblo” termine significando únicamente a quienes están de acuerdo con el gobierno. Porque si “pueblo” significa solamente quienes apoyan, entonces deja de ser una categoría social y se convierte en una categoría política.
Y cuando el poder decide quién pertenece al pueblo y quién queda fuera, comienza a parecerse demasiado a aquello que alguna vez prometió transformar. La pregunta, entonces, no es si las o los manifestantes eran del PRIAN. La cuestión es mucho más sencilla y mucho más incómoda aún: ¿Qué le pasó a una izquierda que alguna vez decía “primero el pueblo” cuando una parte del pueblo dejó de aplaudir?
Porque gobernar no consiste en escuchar únicamente a quienes están de acuerdo; significa escuchar a quienes incomodan. Y, sobre todo, recordar que el pueblo no deja de ser pueblo simplemente porque protesta.
*Lingüista de profesión por la Universidad de Colima, con 12 años de experiencia dentro del ambiente político. Ha participado en campañas electorales como parte logística y estratégica de márquetin y comunicación política. Actualmente labora en departamentos de comunicación social, así como asesor de dichos temas.
