Jalisco.- Desde la Casa ITESO Madero, en Guadalajara, Jalisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el informe “Desapariciones en México”, documento que advierte una crisis “generalizada e indiscriminada” de desapariciones en el país, con especial atención al corredor del Pacífico conformado por Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa.
La presentación fue organizada por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, institución que facilitó el foro para la exposición del documento elaborado por la CIDH.
Durante el acto participaron la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Renaud, y la comisionada y relatora para México, Andrea Viviana Pochak, además de académicos, colectivos de familias buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En su intervención inicial, el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Marcos del Rosario, señaló que hablar de desapariciones en México implica hablar del estado de derecho y de las omisiones institucionales.
“No puede haber estado de derecho cuando una persona puede desaparecer sin que las instituciones reaccionen de manera inmediata, eficaz y coordinada”, expresó.
Añadió que el informe identifica a Jalisco como una de las entidades con mayor concentración de desapariciones y documenta dinámicas regionales vinculadas con el corredor del Pacífico mexicano.
El académico afirmó que la universidad no puede permanecer indiferente ante el dolor de las víctimas y sostuvo que las instituciones educativas deben contribuir a documentar, acompañar y generar conocimiento útil para transformar las condiciones que permiten esta violencia.
Por su parte, el director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, Luis Enrique González Araiza, recordó que la Casa ITESO Madero ha sido históricamente un espacio de encuentro para colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos en Jalisco.
Durante la exposición metodológica del informe, Tania Renaud explicó que el documento fue construido con testimonios de víctimas, colectivos y organizaciones civiles, así como información oficial proporcionada por el Estado mexicano.
Indicó que la investigación recopila datos y análisis sobre desapariciones ocurridas entre 2018 y 2025, aunque también revisa antecedentes históricos de las últimas décadas.
Detalló que la CIDH realizó audiencias, entrevistas y trabajo de campo en diversas entidades del país, incluyendo reuniones con madres buscadoras y colectivos de familiares.
“El informe no nace de la generación espontánea; nace de conversaciones con ustedes”, expresó al dirigirse a familiares de personas desaparecidas presentes en el evento.
A su vez, Andrea Viviana Pochak afirmó que México enfrenta un fenómeno excepcional en la región por la magnitud de las desapariciones.
Expuso que, al cierre del informe en 2025, existían más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente y más de 70 mil restos humanos sin identificar; cifras que actualmente, dijo, superan las 130 mil personas desaparecidas.
“Estamos evidenciando un fenómeno generalizado e indiscriminado de desaparición de personas”, declaró.
La comisionada sostuvo que, aunque actualmente gran parte de las desapariciones son atribuidas al crimen organizado, persisten casos con participación, aquiescencia u omisión de agentes estatales, principalmente de corporaciones municipales.
Asimismo, señaló que la CIDH documentó altos niveles de impunidad, deficiencias en investigaciones ministeriales, crisis forense y fallas estructurales en las políticas de búsqueda e identificación humana.
Pochak también criticó las políticas de seguridad centradas en la militarización, al considerar que no han reducido la violencia ni las desapariciones.
“La militarización de la seguridad no ha significado otra cosa que mayor violencia y mayor desaparición de personas”, afirmó.
La representante de la CIDH subrayó que todas las desapariciones generan responsabilidad estatal, independientemente de si fueron cometidas directamente por agentes del Estado o por grupos criminales.
El informe, explicó, incluye 40 recomendaciones dirigidas a autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición.
Entre los puntos destacados, la CIDH reconoció formalmente a las madres buscadoras y colectivos como personas defensoras de derechos humanos y desarrolló por primera vez el concepto del “derecho a buscar”, que implica la obligación estatal de garantizar y proteger la participación de familiares en los procesos de búsqueda.
La presentación concluyó con un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas, así como a mantener la memoria y la exigencia de verdad y justicia frente a una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta México.
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