Crónica sedentaria
Por: Avelino GÓMEZ
Según cifras oficiales, el 2019 se despidió de Colima con 749 homicidios dolosos. Setecientos cuarenta y nueve hombres y mujeres que murieron de manera violenta.
Y los responsables de esas muertes permanecen en la impunidad, andan en las calles. No deja de sorprender que este pequeño estado mantenga una tasa tan alta en homicidios dolosos (85.40 por cada 100 mil habitantes). Y que la impunidad prevalezca.
Tampoco deja de sorprender que las instancias de gobierno sean incapaces de sostener con firmeza una estrategia coordinada que prevenga, o combata, estos hechos. No sólo es Colima, es todo el país.
Nuestros prohombres en el gobierno no se cansan de prometer, y dibujar en el aire, acciones que desalienten la actividad delictiva. Algunas de esas promesas pertenecen al territorio de la demagogia, se olvidan, nunca habrán de concretarse. Gobernantes hay que dicen apostarle a la educación, al deporte, a la cultura o a la generación de empleos bien remunerados para evitar que las personas elijan la delincuencia. La realidad es otra, muchas veces contraria —y hasta denigrante— a la que nos pintan desde las instituciones de gobierno.
Para un ciudadano promedio es desmoralizador haber puesto la confianza en un gobernante y, poco después, darse cuenta que es, fue, o será, incapaz de solucionar un problema creciente. El caso del gobernador Ignacio Peralta Sánchez ilustra muy bien este desánimo ciudadano por un político a quien se eligió —dos veces, caray—, en las urnas.
Y es que en Colima, a estas alturas, no hay nadie que no haya sido afectado, de algún modo, por la delincuencia. Casi todo colimense ya fue alcanzado —en su entorno familiar, social o laboral— por la violencia.
Hace un par de días, la periodista Heidi de León hizo un recuento escalofriante de la administración del gobernador Ignacio Peralta: 2 mil 856 personas asesinadas en sus cuatro años de gobierno. Son cifras oficiales, dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casi tres mil homicidios, y eso sin “contabilizar los 69 cadáveres localizados en las fosas de Santa Rosa”, en Tecomán.
Sería absurdo responsabilizar al gobernante estatal por tanta muerte. Pero no así por su incapacidad para cumplir promesas hechas a un electorado que, ya desde entonces, veía cómo la violencia iba en aumento. Tampoco por su deficiente gestión, o su evasiva para encarar problemas de peso, urgentes. Entre la clase política, tan dada a la condescendencia, dirán que Peralta Sánchez corrió con mala suerte, que le tocó gobernar y lidiar con un problema harto complejo. No es así. La mala suerte es vivir en un entorno inseguro, violento, atemorizante. La mala suerte es que a alguien, al salir de casa, lo maten; que su muerte quede impune.
La verdadera mala suerte es no sólo padecer a la delincuencia, sino también a sus propios gobernantes.
