En 2017, México tuvo mayor récord de homicidios desde el 2012: Amnistía Internacional

Ciudad de México.- En su informe anual 2017/2018, Amnistía Internacional dedicó un apartado especial para la violencia e impunidad que se vive en México, donde detalla que hubo un aumento en los homicidios en general con 42 mil 583, la cifra anual más alta desde diciembre de 2012.

“La cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales.”

Las detenciones arbitrarias dieron pie a nuevas violaciones de derechos humanos, las cuales no se investigaron adecuadamente. Más de 34 mil personas desaparecieron forzadamente y abundaron ejecuciones extrajudiciales.

El informe de Amnistía señala la colocación de pruebas falsashacia los imputados, de parte de los agentes encargados de cumplir la Ley.

“La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada a la que recurrían con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas.”

La Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República registró 4 mil 390 casos de tortura en revisión federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.

Amnistía identificó al menos 34 mil 656 personas desaparecidas o extraviadas en el país, aunque destacó que la cifra podría ser más alta pues se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo: secuestros o tráfico de personas.

En el ámbito de protección a periodistas, se identificaron al menos 12 periodistas muertos violentamente en 2017, sin que las autoridades tuvieran progresos significativos en las investigaciones de los casos o en los juicios a responsables.

Amnistía reconoció la aprobación de las leyes contra la Desaparición Forzada y la Tortura, aunque aseguró que necesitará de gran compromiso político para garantizar la justicia, verdad y reparación.

A su vez, recordó la promulgación de la Ley de Seguridad Interior que permite la asignación prolongada de funciones policiales a las fuerzas armadas, pero significa una estrategia vinculada a violaciones de derechos humanos.

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