El pez sin el agua
Por: Rubén PÉREZ ANGUIANO*
La historia parece contada y vuelta a contar: los tribunales electorales se están convirtiendo en instrumentos de censura bajo la figura de la violencia política de género. La organización Artículo 19 documentó que, tan sólo en 2025, fueron promovidas 52 denuncias de funcionarios públicos o políticos en contra de periodistas y 12 en contra de medios de comunicación.
El caso reciente es el del presidente de una organización civil dedicada a vigilar el historial de quienes imparten justicia (o aspiran a impartirla). Este activista fue conminado a pedir disculpas públicas a una jueza local de Chihuahua, a borrar sus publicaciones y a quedar inscrito en el padrón de violentadores. Esta jueza fue, durante algún tiempo, abogada de un famoso narcotraficante. No es que sea algo secreto: la abogada reveló el vínculo con ese narcotraficante en un documental de acceso público. Aún así, una sala regional del Tribunal Electoral ordenó la sanción.
La mecánica del caso es común: si un periodista o activista revela algo incómodo contra una funcionaria de cualquier tipo (gobernadora, legisladora, jueza o lo que sea) está expuesto a ser sancionado como un violentador de género. Eso demerita a una figura jurídica creada para proteger a las mujeres, convirtiéndola en un instrumento de represión.
En este caso, el activista decidió no cumplir con la sanción argumentando que le parece ilegítimo que se utilice el aparato judicial para acallar las voces ciudadanas. Eso lo expone a sanciones más duras pues implica un desafío a las instituciones.
La decisión del activista se inscribe en una figura, la desobediencia civil, que forma parte de los supuestos de una democracia.
Para Habermas, fallecido apenas hace un par de días, “todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria”.
Esta desobediencia implica que, si la ley puede ser utilizada para imponer un modelo represivo y por tanto no democrático, la verdadera fuerza democrática radicará en la resistencia individual o social frente a instituciones temporalmente desvirtuadas.
De esa forma, si un tribunal impone sanciones apartadas del modelo liberal que es la base de la democracia, individuos o grupos pueden negarse a acatar esos fallos o decisiones, considerando que son ajenos a los fines que dieron origen a las mismas instituciones.
Existen grupos políticos que llegan al poder mediante ideales democráticos y luego los pervierten con su actuación pública. Ejemplos sobran. Frente a estos grupos opera la desobediencia, que es en realidad una forma de resistencia. La pésima actuación de algunos representantes institucionales está abriendo esa posibilidad.
Norberto Bobbio valoró alguna vez la existencia de “ciudadanos dispuestos a mantener la vigilancia y a comprometerse, capaces de resistir ante los arrogantes y de servir al bien público”.
Quizás los activistas y periodistas que luchan contra la represión en nombre de la “violencia de género” pertenezcan a ese alto nivel de la responsabilidad ciudadana. Lo cierto es que ya están dando una batalla tras otra.
*Rubén Pérez Anguiano, colimense de 57 años, fue secretario de Cultura, Desarrollo Social y General de Gobierno en cuatro administraciones estatales. Ganó certámenes nacionales de oratoria, artículo de fondo y ensayo. Fue Mención Honorífica del Premio Nacional de la Juventud en 1987. Tiene publicaciones antológicas de literatura policíaca y letras colimenses, así como un libro de aforismos.
