Turnan a comisiones punto de acuerdo para investigar a delegada estatal

Ciudad de México.- La diputada federal Claudia Yáñez Centeno integrante de la fracción de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, presentó un punto de acuerdo durante la sesión ordinaria de ayer martes para exhortar a diversas autoridades estatales y federales a investigar los posibles actos de corrupción denunciados en contra de la delegada estatal, quedando registrado en la Gaceta Parlamentaria.

Dentro de las distintas acusaciones que indica el punto de acuerdo, se señala principalmente la denuncia penal realizada en 2017 por ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc, donde se acusa a la funcionaria federal de daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por alrededor de 100 millones de pesos, dicha denuncia se encuentra en espera de que se concluya la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

«El caso Indira – Altozano, fue mencionado en tribuna como alta corrupción política por involucrar a varios actores sociales, empresariales, gubernamentales y posibles aparatos de justicia», señala la legisladora.

Asimismo se señalaron otras acusaciones como: la discrecionalidad en el manejo de los programas federales; la intervención en el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el Congreso del Estado; desvío de recursos y el aprovechamiento del cargo en beneficio personal o de un grupo.

Por lo anterior la legisladora colimense puso a consideración el punto de acuerdo que exhorta a autoridades como al Órgano Superior de la Auditoría y Fiscalización Gubernamental, la Fiscalía General de Justicia y al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; y a la Secretaría de la Función Pública, se investiguen los señalamientos y denuncias de diversos sectores de la sociedad colimense hacia Indira Vizcaíno.

«Solicito al Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, a que conmine a sus delegados estatales a dejar de utilizar los programas sociales con intereses electorales y personales, el punto de acuerdo fue turnado a la comisión correspondiente», señala.