Toluca, Estado de México.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió de manera definitiva en contra de los siete capacitadores electorales que la Junta Local del IFE del Estado de Colima resolvió dar de baja, por ser militantes del Partido Acción Nacional.
En su sesión celebrada la tarde de este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió en contra de los recursos de apelación presentados por Karla Iraís Martínez Garza, María Esther Cortés, Casandra Artemisa Ortiz Ortiz Benítez, Miriam Solórzano Rodríguez, José Javier Escobar y Rubén Cisneros Chávez.
En algunos casos, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó la militancia de los ciudadanos en el Partido Acción Nacional; en otros, la renuncia obedeció sólo para poder participar en el proceso de selección de capacitadores asistentes electorales, y en otras más, los documentos de renuncia al PAN carecían de valor probatorio.
En sus resolutivos del pasado jueves, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del cinco de marzo emitida por el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, que dio de baja a 50 capacitadores asistentes electorales.
El pasado cinco de marzo, el Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) descubrió que 50 capacitadores electorales asistentes son militantes del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que los dio de baja.
La resolución del organismo electoral fue tomada en respuesta a un recurso de impugnación presentado por el Partido Revolucionario Institucional en los distritos 1 y 2.
El Consejo local del IFE informó que durante la investigación pudo acreditar que los capacitadores son miembros del PAN, a pesar de que éstos exhibieron un documento firmado “bajo protesta de decir verdad”, en el que manifestaron que no militan en ningún partido u organización política.
En su resolución, el Consejo Local del IFE determinó que los capacitadores dados de baja incumplieron los requerimientos legales o administrativos señalados en la convocatoria, donde se especifica que se dará de baja al capacitador, “si pierde sus derechos civiles o políticos; si deja de residir en el distrito en que se desempeña, si milita en algún partido u organización política, entre otras”.
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