Por Carlos Orozco Galeana
Los finales de sexenio de gobiernos estatales se están volviendo una confusión total donde lo mejor que aparece es la fecha en que los gobernadores entregarán el poder. En varias entidades todo es un caos.
Hay sospechas fundadas de corrupción, incumplimientos oficiales por doquier, pandemia que no cesa, y sectores muy golpeados económicamente, entre los que sobresalen maestros, trabajadores de la salud, pequeños comerciantes, jubilados y pensionados de los gobiernos.
Lo más trágico es que parece que a los gobernadores salientes importa poco los efectos derivados de sus actos fallidos. Les urge irse. Simplemente, no dan la cara, culpan a la Federación por las carencias presupuestales, no hacen auto crítica, no informan y niegan los recursos extras que les envía. Callan como momias.
Colima, Michoacán y Zacatecas, entre otras entidades (no son las únicas), son ejemplos de situaciones anómalas. Aquí, al gobierno estatal le crecieron los enanos. Entró en la etapa de pago tardío y no pago a policías, a cientos o miles de trabajadores en activo y pensionados o jubilados que dependen de su salario para vivir, y nadie del gobierno les planta cara. Todo le vale.
Les ha complicado la existencia. El lunes pasado salieron a la calle, dispuestos a hacer oír. Bien por ellos que luchan por sus derechos. El caso de los policías sin salario y con la delincuencia a todo lo que da, es un dato explicativo de la magnitud de la crisis en Colima.
Aparte está el problema de no pago del subsidio a la Universidad de Colima que ya asciende a los casi 250 millones de pesos. Y luego, a pensionados y jubilados, hasta el día de hoy, no se les ha cubierto la segunda quincena de septiembre ni la primera de octubre. En fin, todo es desventura causada en gran parte por una gobernación deficiente, de pesadilla, que por fortuna acabará en 6 días.
En Michoacán el esquema de desorden gubernamental y social no cambia respecto al de Colima. Su gobernador Silvano Aureoles estuvo contra el magisterio. Este hombre, en ocasiones violento como lo demostró en Aguililla cuando empujó a un maestro que le pedía su intervención ante la crisis de seguridad en ese lugar, terminó su gobierno muy desacreditado.
Por estos días, se le acusa de haber pagado mil 227 millones de pesos por renta de aeronaves que daban servicio a funcionarios, familiares y amigos. Hasta Belinda alcanzó moche al ser paseada en uno de los helicópteros rentados.
Lo grave de este asunto no es esa cantidad millonaria gastada en transportar a la élite política michoacana y a gente afín, sino que la propiedad de las empresas que facilitaban ese servicio por “adjudicación directa” se le achacan al propio exgobernador Aureoles, pues la más favorecida se constituyó apenas dos semanas después de arrancar su gobierno. De no creerse de tan burda esta maniobra, sean de quienes sean los aparatos.
El gobierno asumía gastos de reparación, por robo, expropiación, daño o destrucción, y tenía que seguir pagando la renta mensual aunque no estuviera volando alguno de los aparatos (seis helicópteros y un avión “sigiloso”. Nomás 600 mil pesos diarios costaba ese servicio de transporte.
Chulada de tranza, como decimos los mexicanos. Y algo más para que el exgobernador esté preocupado: Se averiguó que al C5I costó cinco veces más que lo estipulado y que, aparte, “no cumple con los objetivos para los que fue creado”, y tendría que suspender actividades por la mala calidad del inmueble según declaró el secretario de Seguridad del nuevo gobierno michoacano.
Estos dos asuntos quizá expliquen la afirmación del columnista Salvador García Soto, en el sentido de que el gobierno federal tiene en la mira al exgobernador Aureoles para que rinda cuentas próximamente. Es decir, para que no se vaya “con todo y hebra”.
Y en el caso de Zacatecas tampoco hay datos que inspiren. Ahí también desaparecen recursos como por arte de magia, y los más afectados son los maestros, que están como los de Colima, solo que allá pelean más por sus derechos, son más decididos. Los de aquí muestran sus desacuerdos en las redes, pero tibiamente, esporádicamente. Pocos salen a la calle a luchar por sus derechos.
¿Qué puede derivarse de la situación en esas tres entidades ? Que se resuelvan las cosas de inmediato o que perdure la falta de solución. En Colima, Indira Vizcaíno comenzará con una administración deficitaria. No todo se resolverá con recortar personal o disminuir sueldos.
La solución exigirá gestiones audaces, duraderas y efectivas. Si tiene el apoyo del presidente, como se ha apreciado desde siempre, podrá ir sanando las finanzas poco a poco sin desperdiciar los recursos en obras inútiles como lo hizo IPS ( con fines inconfesables). Y acaso, tendría que solicitar algún préstamo a mediano plazo para comenzar su gestión con equilibrio.
En Michoacán, seguro que el nuevo gobernador tendrá el apoyo del presidente. Fueron muchos los estropicios causados por el perredista Aureoles. Alfredo Ramírez Bedolla, que así se llama el hoy gobernador, tendrá que armar un expediente irrefutable que lleve a probar que el exgobernador Aureoles hizo grandes negocios y se enriqueció. Lo mismo que Ramírez podría hacer Indira Vizcaíno, si es que no lo ha hecho ya, siempre por instrucciones de Amlo.
Y en Zacatecas, si que la tiene más de trepada el gobernador por la relación tirante de su hermano Ricardo Monreal con el presidente. No parece, de entrada, que vaya a ser respaldado en el arranque de su gobierno. Tiene para empezar un problema gordo con el no pago a maestros. Como aquí, en Colima, los recursos federales para los maestros se desviaron hacia otros fines.
Educación y Salud han sido las minas de oro de gobernadores para hacer sus diabluras presupuestales. Lo negativo es que aquellos se usan para el gasto corriente y para financiar obras inútiles que nadie pide, solo para cobrar los consabidos moches. Eso es lo que los tiene en la ruina esos tres estados y a otros más. Y a varios gobernadores millonarios.
