Jalisco.- De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se ha incrementado en número de personas desplazadas por la violencia que ocurre en el norte del estado de Jalisco y hasta el momento ya son 376 ciudadanos.
Ante la situación de violencia que viven algunos municipios de Los Altos de Jalisco, de manera particular en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Ojuelos, esta Comisión realizó un urgente llamado para atender la situación de temor que enfrentan los pobladores, hombres, mujeres, niños, niñas y personas mayores de comunidades rurales y urbanas de esa zona, que no han encontrado otra alternativa que el desplazamiento de sus núcleos de población.
la CEDHJ explicó que la dificultad que representa para las autoridades municipales y estatales el restablecimiento de la armonía social en esa parte del estado, se ve incrementada por la colindancia que tienen dichos municipios con las entidades de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
«Situación que si bien es cierto significa una mayor comunicación, tránsito, comercio y, por ende, mayor expectativa de desarrollo económico, social y financiero para sus habitantes, también implica que la tarea de la seguridad pública se torne más compleja y requiera para su consecución no sólo la cooperación de las instancias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, sino de las autoridades y ciudadanía de los municipios colindantes».
Es del conocimiento público que en los últimos meses han ocurrido hechos violentos que han afectado la vida, la paz y la existencia de comunidades enteras.
La dependencia explica que la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades de seguridad pública, no por falta de disposición, sino por su limitada posibilidad de reacción para frenar una avalancha de sucesos que ha generado una sociedad afectada, supera las posibilidades materiales, humanas y de organización que tienen algunos grupos que han permeado en las entrañas mismas de las comunidades; y que su éxito se debe en gran parte al temor de la población que, ante la falta de respuesta efectiva de la autoridad, prefiere no denunciar.
«La sola presencia de agentes tanto federales como estatales, y el encomendar la función de la seguridad pública a los cuerpos policiales, no ha sido una estrategia efectiva que haya brindado seguridad a la población, y que hubiese redundado en la menor comisión de delitos, especialmente aquellos de alto impacto como los secuestros, desapariciones y homicidios, cuya estrategia de investigación requiere de un sistema de inteligencia eficiente y la participación coordinada de todas las autoridades, tal y como esta defensoría lo expresó y detalló en la Recomendación general 02/2018 sobre el derecho a la seguridad ciudadana».
«La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, como lo ha hecho en otras ocasiones, hace un respetuoso llamado a los tres niveles de gobierno, pero también a habitantes, grupos sociales, asociaciones y organizaciones de buena fe, para que, de forma inmediata y de manera coordinada, atiendan el problema de inseguridad no sólo con mayor presencia policial, sino con una labor efectiva de planeación e inteligencia; establezcan comunicación con autoridades de las entidades federativas colindantes e involucren mayores recursos que no se enfoquen sólo al área policial, sino que se realicen estudios científicos y metodológicos sobre el acceso y atención de las personas, la prestación de servicios, mejoramiento de las vías de comunicación, estrategias de atención en la procuración de justicia, mayor contacto con la población vulnerable, y otros mecanismos que generen mayor seguridad a la población».
«La seguridad pública no es un objetivo que pueda conseguirse de manera aislada; tampoco puede encomendarse su consecución exclusivamente a las fuerzas policiales, sino que es el resultado de una adecuada planeación, de un desarrollo económico, social, educativo y cultural, en el que debemos involucrarnos todas las personas, incluida la sociedad, las familias, así como las asociaciones sociales, educativas y religiosas», continuó la Comisión.
«El pretender hacer frente a la delincuencia o a la inseguridad con la única capacidad reactiva de las fuerzas del orden público significa sólo pretender aplicar un paliativo a un mal que ha tenido su origen en la descomposición social y graves fallas en la administración pública, la procuración e impartición de justicia, una planeación urbana y rural deficiente, y la falta de acceso a servicios públicos adecuados; lo cual se puede resumir en la falta de capacidad receptiva de las autoridades para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía».
En un pronunciamiento emitido a la opinión pública afirma que que además de necesitarse un mayor trabajo de inteligencia y coordinación eficiente entre las fuerzas policiales, resulta importante establecer canales efectivos de comunicación entre las autoridades municipales, estatales y federales.
Además de mayor y mejor accesibilidad del ciudadano para denunciar y ser escuchado por personal capaz, sensible y calificado, tanto en las instituciones policiales como en las agencias del Ministerio Público, que operen en cada municipio las 24 horas del día; mejores estrategias de atención y vinculación entre las diferentes áreas del gobierno para compartir datos de manera oportuna y con una verdadera colaboración institucional, incluidas las autoridades del Poder Judicial.
«De lo contrario, el esfuerzo que realizan los agentes de seguridad pública no será suficiente para atender y superar el mal social que ha logrado penetrar en el seno mismo de las comunidades, especialmente aquellas con mayor abandono y vulnerabilidad».
La Comisión Estatal urgió para que se fortalezcan los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública federal, estatal y municipal para que, en el marco de sus respectivas competencias y con una estrategia específica, se garantice la seguridad, permanencia y vida de las personas y las comunidades rurales y urbanas.
Así también pidió que la Federación establezca una estrategia regional e interestatal para diagnosticar el fenómeno y de acuerdo a sus resultados, intervenir a través de las distintas secretarías de cada uno de los estados y la Federación.
Exigió que las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, además de tomar medidas reactivas y de presencia policial en las comunidades de las distintas regiones de la entidad, encabecen trabajos de mejoras y atención de los aspectos que pueden incidir en un mayor índice delincuencial, basados en estudios científicos y criminológicos.
«Que se mantenga comunicación permanente entre las autoridades de los gobiernos municipales y estatales de las entidades federativas colindantes con el estado de Jalisco, a fin de establecer agendas de atención conjuntas, convenios de colaboración, prevención de actos delictivos, vigilancia carretera e intercambio de información, para que se cuente con datos que puedan servir en la planeación de un sistema de seguridad público integral por regiones».
«Que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuenten con recursos materiales, sistemas electrónicos de comunicación y transporte efectivos para atender las comunidades de todos los municipios del estado; se brinde a las víctimas de cualquier acto delictivo una atención con calidad humana y sensibilidad, que estimule a las personas la cultura de la denuncia; y que cuente con un sistema de evaluación de calidad del servicio».
Pidió a las autoridades que se realicen inventarios de los bienes personales y comunes que han sido abandonados en las comunidades que han sufrido desplazamiento, a fin de que sean protegidos por las autoridades correspondientes.
Y que se inicien las correspondientes carpetas de investigación en las que se investiguen los actos y personas imputadas; y queden documentados todos y cada uno de los casos de personas que han sido desplazadas, a fin de que, en su momento, una vez integradas las indagatorias, puedan ser inscritos en el registro estatal de víctimas y tengan acceso a todas las prerrogativas previstas en el artículo 20, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Víctimas; y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
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