Mediante un comunicado de prensa el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), señaló que con relación a los señalamientos de la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora dados a conocer en diversos medios de comunicación este viernes, el resto de los integrantes del Tribunal defendieron las acciones realizadas al despedir a un funcionario y señalan que actuaron con total autonomía.
“Primeramente, es oportuno externarles que el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, consideró procedente rescindir el vínculo laboral que se tenía con un servidor público, determinación que no fue tomada de forma irresponsable, ya que se presentaron las pruebas que evidenciaron su deslealtad a la institución y total falta de ética judicial en el desempeño del cargo que le había sido conferido, al quedar expuesta su participación en denostar la imagen de otro servidor público”, dice el comunicado.
El comunicado señala que es necesario identificar que en estos hechos, se dieron dos momentos distintos, el primero, que tiene que ver con la aprobación del acuerdo del Pleno y el segundo, vinculado con la ejecución del mismo.
Para el primer punto – explica el documento – se tomó en cuenta el escrito que presentó un ciudadano inconforme, en el que exhibió las pruebas en contra del Proyectista Jurídico adscrito a la oficina de la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora y con las que se consideró fueron violentadas las normas que rigen el servicio público contenidas en la respectiva Ley.
Derivado de esa información, se generaron al interior del Pleno dos posiciones; una, que planteaba la rescisión laboral del servidor público por la pérdida de confianza; y la otra, en el sentido de que se iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Y fue posterior a una deliberación, que se sometieron a votación ambas propuestas, quedando aprobada por mayoría la primera de ellas, con sus consecuencias inherentes, entre las que se encuentra el resguardo del equipo informático y el aseguramiento de la información oficial contenida en el mismo, ante lo cual se procedió con la ejecución inmediata”.
En cumplimiento a lo anterior, se instruyó al Licenciado Roberto Rubio Torres, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en su caso, a la Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, para que acompañados de personal administrativo y del Director del Centro de Cómputo, se cumpliera con la ejecución del acuerdo.
“Por ello, se trasladó a la oficina donde desempeñaba sus funciones el servidor público rescindido en su relación laboral, para efecto de notificarle la determinación, así como de llevar a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la información oficial contenida en el equipo de cómputo que éste tenía asignado, esto con el ánimo de salvaguardar los medios patrimoniales de esta Institución; sin embargo, la información que se tiene es que no fue posible llevar a cabo esta diligencia en virtud de la oposición de la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, al obstruir el acceso al interior de la oficina de su proyectista”, señala el Tribunal.
“Ante esta situación, Roberto Rubio Torres acudió a la oficina del servidor público, en donde expuso a la Magistrada que solamente se pretendía resguardar el equipo de cómputo a lo que en reiteradas ocasiones se negó, desde luego en franca oposición de la determinación de su órgano superior que es el H. Pleno”.
El tribunal argumenta que la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora ordenó a su personal que la acompañaba en ese momento, que llevaran el referido equipo de cómputo a su oficina y fue ahí, donde lo ocultó, asegurando la puerta de acceso con chapa; concomitantemente el Secretario General de Acuerdos consideró necesario solicitar el auxilio de Agentes del Ministerio Público y de Procuración de Justicia, con el único propósito de transparentar la actuación y que en todo caso, existiera constancia sobre la posible comisión de un delito”.
“Fue así que finalmente, sin que se haya tenido contacto físico hacia la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, no obstante su evidente obstaculización, se abrió la puerta de su privado con la ayuda de un cerrajero, única y exclusivamente, para resguardar el equipo técnico y asegurar la información oficial, una vez recogido el equipo se volvió a cerrar la puerta de su privado, estando presente en todo momento, la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, finalmente el equipo quedó en depósito del Director del Centro de Cómputo del Supremo Tribunal de Justicia”.
Los magistrados que firman el comunicado son: Rafael García Rincón, magistrado presidente del supremo tribunal de justicia; Concepción Cano Ventura, magistrada de la sala mixta; José Alfredo Jiménez Carrillo, magistrado de la sala mixta; María Luisa Ruiz Corona, magistrada de la primera sala penal y especializada en justicia para adolescentes; Juan Carlos Montes y Montes magistrado de la primera sala penal y especializada en justicia para adolescentes; Jorge Magaña Tejeda magistrado de la primera sala penal y especializada en justicia para adolescentes.
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