COLIMA.- Con el objetivo de proteger los derechos de consumo de las personas privadas de la libertad y asegurar precios justos dentro de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
El acuerdo fue suscrito por Omar Reyes Colmenares, titular del PRS, e Iván Escalante Ruiz, titular de PROFECO, quienes destacaron que esta medida busca supervisar que los productos vendidos en las tiendas institucionales cumplan con los estándares de calidad, gramaje, presentación y precios de mercado, evitando así abusos y sobreprecios.
“Las personas en situación de reclusión tienen derechos que deben ser garantizados. Este mecanismo de supervisión permitirá mejorar sus condiciones de vida y reforzar la dignidad en su estancia”, aseguró Reyes Colmenares. Añadió que el convenio también busca impulsar una cultura de legalidad y transparencia en el comercio dentro del sistema penitenciario, donde se asegure el pago justo por artículos de higiene, medicamentos y comestibles.
Por su parte, Iván Escalante destacó que los derechos del consumidor están directamente ligados a los derechos humanos, y que “brindar información clara, veraz y precisa sobre los productos ayuda a generar condiciones más equitativas en todos los sectores, incluso dentro de los centros penitenciarios”.
Como parte de este acuerdo, el PRS enviará a PROFECO un catálogo de los productos disponibles para su análisis, con el fin de determinar si los precios corresponden a los estándares vigentes. En caso de que algún producto no esté listado en los canales regulares, se recurrirá al programa “Quién es Quién en los Precios” o a los registros de las Oficinas de Defensa del Consumidor.
Asimismo, se establece que el PRS será responsable de verificar que los productos cuenten con el gramaje correcto, marca, presentación y fecha de caducidad adecuadas, así como de garantizar su correcta entrega a la población penitenciaria.
Este convenio refrenda el compromiso del Gobierno de México con una administración penitenciaria más justa, transparente y respetuosa de los derechos humanos, en el marco de una estrategia nacional de reinserción social digna e integral.
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