El funcionario insistió en que el gobierno federal envió en tiempo y forma al Congreso las observaciones a la Ley General de Víctimas y que el trámite constitucional establece que, para rechazarlas, se requiere del voto de la Cámara de Diputados y el Senado, lo que podría hacerse en un periodo extraordinario o hasta el 1 de septiembre.
En todo caso, la propuesta del gobierno federal es que la controversia por el diferendo técnico siga su proceso jurídico y, de manera paralela, se realicen los diálogos que propuso el Ejecutivo para mejorar el ordenamiento que pretende proteger a las víctimas de la violencia en el país.
En conferencia de prensa, donde anunció que se invitará a cinco representantes de la sociedad civil a ocupar un espacio en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Poiré Romero también confirmó que el gobierno federal ya recibió la comunicación del Congreso para ordenar la publicación de la Ley de Víctimas y que “eso pudiera derivar en una controversia”, pero precisamente porque los trámites jurídicos pueden llevar mucho tiempo, lo necesario es “sentarnos a trabajar” porque hay prisa, aunque dejó claro que está cabalmente demostrado que el Ejecutivo presentó observaciones en tiempo y forma.
“Tiene que trabajarse en los dos sentidos, por un lado en la solicitud del Congreso de que se publique una ley sobre de la cual nosotros ya hicimos observaciones: si la ley está observada pues no se puede publicar con las observaciones salvo que exista una mayoría de ambas Cámaras del Congreso, de dos terceras partes entonces ahorita formalmente no hay un plazo para publicar esa ley.
“Precisamente porque no existe un plazo perentorio, pues lo que tenemos que hacer es acelerar el trabajo de definición de una ley con esos elementos, precisamente para poder tenerla lo antes posible”, dijo el titular de la Segob.
Con información de Milenio
