Ciudad de México.- El miércoles 1 de julio entró en vigor el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proyecto que ha apoyado desde el inicio la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Sin embargo, la Coparmex consideró que el T-MEC no será suficiente sin certidumbre jurídica o acciones claras para el sector empresarial que fortalezcan y no inhiban la inversión.
“Desde antes de asumir sus funciones el Gobierno actual ha dado muestras de que no se respeta el Estado de Derecho. Algunas de sus acciones han ido en detrimento de la confianza empresarial, lo que ha resultado en un inhibidor de la inversión que requiere el T-MEC para ofrecer resultados.”
Mediante un comunicado de prensa, la Coparmex indicó que el T-MEC debe ser visto como un motor para la recuperación económica pero no como un salvavidas, pues no debe ser el único mecanismo que se aplique.
La Confederación considera que el país no está ejecutando propuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19, a pesar de que le han acercado planteamientos desde diversos grupos.
También resaltó que la recesión económica existía en México desde antes de la pandemia, pero esta contingencia sanitaria sólo agudizó las condiciones económicas del país.
Incluso criticó la estrategia del Gobierno Federal, pues el Fondo Monetario Internacional ya disminuyó de (-)6.6 por ciento a (-)10-5 por ciento la perspectiva de crecimiento para el 2020 y 2021.
“Por encima de cualquier medida que implemente, el Gobierno Federal tiene un reto aún mayor: recuperar la confianza. El FMI afirmó que el T-MEC no va a compensar la pérdida de confianza e incertidumbre en México.”
Coparmex consideró que la contención de la caída de la economía dependerá de lo efectivo que sean los gobiernos en preservar las fuentes de ingreso de sus habitantes y recordó que creó un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno, empresarios y trabajadores.
Sin embargo, para la Coparmex es el Gobierno Federal quien debe promover el desarrollo económico, brindar certeza jurídica, respetar el Estado de Derecho y activar políticas publicas para proteger el empleo.
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