La principal medida de la reforma sanitaria, que busca economizar siete mil millones, es sin duda la más impopular: los pensionistas deberán a partir de ahora pagar una parte de sus medicamentos.
Un anuncio que contradice la promesa electoral del presidente del gobierno, Mariano Rajoy –investido en diciembre–, de mantener el poder adquisitivo de los jubilados a pesar de la crisis. «Estamos pidiendo un esfuerzo a muchos ciudadanos, un esfuerzo que es imprescindible», afirmó hoy la número dos del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del consejo de ministros.
«Pido a los españoles que entiendan estas medidas, porque son justas y razonables. Es duro pedirlo (…) pero les aseguro que en el medio y largo plazo España va a salir fortalecida», había asegurado Rajoy la víspera. La ministra de Sanidad, Ana Mato, alegó que «España es el segundo consumidor mundial de medicamentos» y recordó que el año pasado en el país se destruyeron 3,700 toneladas de medicamentos, caducados o sin utilizar.
Tradicionalmente, los españoles no pagan sus visitas al médico y desembolsan sólo una parte del precio de los medicamentos, salvo los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada. Estos últimos, que representan los tres cuartos del gasto farmaceútico nacional (once mil millones de euros, 1.1% del PIB), deberán pagar el 10% de la factura en las farmacias, hasta un techo de 8 a 18 euros por mes, según sus ingresos.
La población activa, que hasta ahora pagaba el 40% del precio de los medicamentos, pagarán hasta un 60%, según su situación financiera. En materia de educación, el gobierno espera ahorrar tres mil millones de euros, autorizando a las comunidades autónomas a aumentar los gastos de matriculación en la universidad en un 50%, que pasarán de mil a 1,500 euros de media, y a incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase.
Las 17 comunidades autónomas son las primeras afectadas por este plan de economías, ya que absorben el 50% del gasto público de España. Las tres cuartas partes de sus presupuestos son para sanidad, educación y ayuda a personas dependientes.
Estos últimos meses, varias de ellas tuvieron dificultades para pagar a sus proveedores, provocando la indignación de los farmaceúticos y cortes de calefacción o electricidad en escuelas e institutos.
Tocando a sectores tan sensibles, arreciaron las críticas contra el gobierno, especialmente por parte del Partido Socialista (PSOE), que declaró su «frontal rechazo» a este nuevo plan de austeridad.
Las dos grandes centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y UGT convocaron una jornada de manifestaciones en todo el país el 29 de abril, para protestar contra los recortes en salud y educación. El plan representa «un cambio de modelo del sistema nacional de salud que deteriorará progresivamente el sistema y que busca desmantelar el sistema sanitario público», condenó Trinidad Jiménez, encargada del tema sanitario en el PSOE.
En cuanto a las medidas referidas a la educación, «ningún país ha superado nunca una crisis económica recortando la igualdad de oportunidades de sus jóvenes en educación», advirtió el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Las dos reformas buscan que las regiones economicen diez mil millones de euros anuales a partir de 2013. Según una fuente gubernamental, «ayuda también a compartir costes políticos entre el Estado y las comunidades autónomas».
Vigiladas de cerca por el gobierno, las regiones deben presentar antes de mayo un plan de saneamiento presupuestario para llevar su déficit público del 2.94% del PIB en 2011 a 1.5% en 2012. Bajo la amenaza de que en caso de que se aparten de la hoja de ruta establecida, sus presupuestos podrían ser intervenidos por el Estado central.
España en su conjunto tiene doce meses para recortar el déficit presupuestario del 8.51% al 5.3% del PIB y ya anunció los presupuestos más austeros de su historia, con un ajuste de 27,300 millones de euros.
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