Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta denominada “Plan B” en materia electoral que, más que una transformación de fondo del sistema democrático, apunta a una reconfiguración administrativa enfocada en la reducción de costos, control de sueldos y ajustes operativos.
Esto, luego de que la propuesta original de reforma electoral de la Ejecutivo federal, fue rechazada por el Congreso de la Unión por no alcanzar los votos requeridos.
De acuerdo con los documentos de la reforma constitucional y leyes secundarias del Plan B, el eje central del planteamiento es la austeridad en las instituciones políticas y electorales, así como la modificación de algunos procesos clave.
Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un rango que va de 7 hasta un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio.
En el caso de los congresos locales, se propone un tope presupuestal equivalente al 0.7% del gasto estatal, lo que implicaría ajustes significativos en su operación. Los recursos que se generen por estos recortes serían redirigidos a obras de infraestructura en estados y municipios.
La iniciativa también plantea eliminar prestaciones consideradas como privilegios, como bonos, seguros médicos privados y percepciones adicionales para funcionarios públicos, incluidos los órganos electorales. Además, se establece que consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia.
En el Senado de la República se contempla una reducción progresiva del gasto de hasta el 15%, como parte de la política de austeridad.
Uno de los puntos con mayor carga política es la modificación a la figura de revocación de mandato, que podría adelantarse al tercer o cuarto año de gobierno —es decir, en 2027 o 2028— permitiendo que la titular del Ejecutivo federal aparezca nuevamente en las urnas.
En materia operativa, la reforma propone adelantar el inicio de los cómputos electorales al cierre de la jornada, en lugar de esperar al miércoles siguiente, tanto en elecciones federales como locales.
Asimismo, se plantea fortalecer la fiscalización mediante el uso de tecnologías y sistemas bancarizados que permitan el monitoreo en tiempo real de los recursos de partidos políticos, así como la obligación de transparentar los ingresos de sus dirigencias.
La iniciativa también fija un tope salarial para dirigentes partidistas, equivalente a 1,500 UMAS, y refuerza restricciones al financiamiento ilícito, prohibiendo aportaciones en efectivo, de origen extranjero o no comprobable.
A diferencia de propuestas anteriores, este “Plan B” ya no contempla la realización de consultas populares en temas electorales, lo que marca un ajuste en el alcance de la reforma.
En conjunto, la propuesta ha sido interpretada por diversos analistas como una reforma de carácter administrativo, centrada en la austeridad y el control institucional, más que en una transformación estructural del sistema electoral mexicano.
170326 Gobernación-Reforma Constitucional
170326 Gobernación-Reforma leyes secundarias
