Ciudad de México.- El senador ciudadano, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien fuera Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior.
Con esta iniciativa se pretende dejar sin efecto la Ley publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, debido a sus constantes señalamientos de inconstitucionalidad.
En la sesión del pasado jueves, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el periodo 2001-2009, recordó que desde la presentación del dictamen en lo general y en lo particular diversos actores políticos y sociales rechazaron su aprobación por considerar que va en contra de los preceptos constitucionales.
En su presentación, el senador indicó que no existen diagnósticos oficiales que analicen los impactos de la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad Pública desde que se lanzó la “Guerra contra el narcotráfico” en la administración de Felipe Calderón.
Señaló que, en las condiciones en las que se encuentra el país, es evidente la presencia inhibitoria de los militares, pero no por ello se debe regularizar la militarización del país.
“Esta Ley no es la ley que México requiere para el proceso de pacificación que se quiere construir”.
El colectivo #SeguridadSinGuerra en coordinación con expertos, víctimas y familiares de los afectados, resaltaron que esta ley incrementará las violaciones a los derechos humanos y la violencia.
El senador destacó la necesidad de construir un nuevo modelo de seguridad, abrogar la pasada Ley de Seguridad Interior y construir una nueva ley en términos del marco de seguridad, paz y justicia.
La iniciativa fue suscrita por Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos.
El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
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