Senado aprueba Ley Federal de Austeridad Republicana

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general con 74 votos en favor y 29 abstenciones, expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana la cual tiene por objetivo optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno.

El dictamen incluye una partida discrecional para uso del Poder Ejecutivo, que tentativamente se obtendrá de los ahorros que se obtengan del plan de austeridad.

El artículo 61 señala que los ahorros generados de las medidas de austeridad, deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere, en los términos de las disposiciones generales aplicables.

“Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que, por decreto, determine el titular.”

El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados con adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.

Contenido del dictamen

Con esta Ley se busca aportar elementos técnicos que sustenten posibles ajustes al contenido de los marcos jurídicos por parte del Congreso, a fin de reducir riesgos, irregularidades y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.

Además, con su aplicación se obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros.

La Ley prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.

Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.

También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.

Además, norma la constitución, extinción y funcionamiento de fideicomisos, fondos o mandatos encaminados a un manejo más transparente de los mismos.

Los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos tomarán las acciones necesarias para cumplir con la ley, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.

Con ella, se prohíben las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado mexicano en el exterior corresponde únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Queda prohibido remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Se faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Púbica a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.

Además, establece que ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.

Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Modificaciones al dictamen

El Pleno aprobó la reserva presentada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, para que en el artículo 17 se estableciera que los fideicomisos o mandatos sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Pleno también avaló una reserva presentada por el senador de Morena, Félix Salgado, al artículo 24 para precisar que los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Es decir, aumentó cinco años, respecto del dictamen original.

Presentación del dictamen

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, señaló que se aplicarán medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez.

Se transitará hacia un Estado de Derecho que garantice una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas. Se incorpora, además, la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público.

El senador de Morena afirmó que el Gobierno tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, como resultado de la optimización de los recursos. Se busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de precariedad, así como desarrollo sostenido y sustentable, manifestó.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, criticó que la función del servicio público en México se ha concebido como un espacio de privilegio social patrimonial. No como un auténtico mandato democrático de servicio para el bien común.

Ante ello, la minuta representa una manifestación de voluntad política, sin precedentes en la historia, dirigida a reivindicar el manejo de los recursos económicos del Estado para el verdadero servicio de la sociedad, con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

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