Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública sobre el nuevo esquema de evaluación para educación básica en escuelas públicas y privadas del país.
El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y respalda el modelo impulsado por la SEP que modifica los criterios tradicionales de acreditación y permanencia escolar.
Con esta resolución, los estudiantes ya no reprobarán automáticamente por no aprobar todas las materias, pues el sistema prioriza la permanencia escolar, la regularización académica y el desarrollo progresivo de habilidades.
Durante la sesión del máximo tribunal, Batres Guadarrama explicó que el acuerdo tiene como finalidad reglamentar la evaluación del aprendizaje, así como los procesos de regularización y certificación de estudiantes de educación básica.
“Dichos parámetros resultan compatibles con los estándares constitucionales de excelencia, pues tienen como objetivo orientar al mejoramiento permanente y progresivo de los procesos formativos del alumnado”, señaló la ministra.
El nuevo esquema establece que alumnos de preescolar y primer grado de primaria podrán avanzar automáticamente al siguiente nivel por el solo hecho de haber cursado el ciclo escolar.
En el caso de estudiantes de segundo a sexto de primaria, así como de secundaria, deberán obtener un promedio mínimo de seis para acreditar el grado.
Sin embargo, en secundaria solamente deberán recursar el año quienes acumulen cinco o más disciplinas no acreditadas.
Además, el acuerdo permite que alumnos con hasta cuatro materias reprobadas puedan regularizarse mientras continúan inscritos en el siguiente grado escolar.
La ministra argumentó que estas medidas buscan garantizar el acceso, permanencia y continuidad educativa de millones de estudiantes en el país.
“La educación de excelencia no se agota en registros de asistencia o acreditaciones mediante mediciones numéricas cuantitativas”, expresó.
Añadió que una visión centrada únicamente en calificaciones resulta “reduccionista” frente a la complejidad de factores que intervienen en la formación educativa de más de 23 millones de estudiantes mexicanos.
El nuevo modelo de evaluación forma parte de la política educativa federal impulsada por la SEP y ha generado debate entre especialistas, docentes y padres de familia sobre los alcances y consecuencias de flexibilizar los mecanismos tradicionales de acreditación escolar.
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