La ministra de Defensa de Bolivia, Cecilia Chacón, renunció hoy tras la fuerte represión policial a una marcha de indígenas de la amazonia que se oponen a la construcción de una carretera impulsada por el presidente Evo Morales.
«Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha (de los indígenas) que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo», dijo Chacón en la carta de renuncia enviada a Morales.
Agregó que «las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha fortalecen su accionar y manipulación dentro de la marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos».
Hoy cientos de bolivianos se manifiestan con vigilias, concentraciones y huelgas de hambre en diferentes ciudades contra la violencia con que el gobierno disolvió la marcha de indígenas.
Sindicados, asociaciones indígenas, partidos de oposición y grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos han organizado protestas públicas para hoy y los siguientes días, incluyendo una huelga nacional de la Central Obrera Boliviana, la mayor organización laboral del país.
La Plaza de Murillo de La Paz, en la que están la Presidencia y el Palacio Legislativo, está cerrada y tomada por cientos de policías desde la madrugada, en previsión de incidentes, mientras empiezan a agruparse manifestantes en varios puntos de la ciudad.
En la población de Rurrenabaque, en la región donde se reprimió a los participantes en la marcha, la población ha tomado esta mañana el aeropuerto para evitar que el gobierno lo utilice para enviar a los indígenas retenidos a sus comunidades, informó el alcalde del lugar, Yerko Núñez.
El líder del Movimientos Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, ex alcalde centroizquierdista de La Paz que estuvo aliado con Morales hasta hace un año, y el dirigente del partido centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, coincidieron en anunciar juicios a los responsables del Gobierno por lo sucedido.
Del Granado calificó de «claramente dictatoriales» tanto la disolución de la marcha como las acusaciones de ministros y el mismo Morales contra los indígenas amazónicos, a quienes pretenden vincular con Estados Unidos y conspiraciones golpistas.
La dispersión de los cerca de mil 500 manifestantes fue «un acto delictivo, dictatorial», la «culminación de 30 días de una infame campaña de insultos, de difamaciones, de adjetivos, de descalificaciones que desde el presidente hasta el último de sus personeros han estado desplegando contra los marchistas», dijo el líder del MSM a la agencia de noticias ANF.
Por su lado, Doria Medina afirmó que si la orden de disolver la marcha la dio Morales, de origen aimara, «ha sepultado su liderazgo y ha dejado de ser el símbolo del cambio y su único sustento es la represión».
Cientos de agentes atacaron el domingo con gases y porras el campamento de carpas de los indígenas cerca del pueblo de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz, y el subcomandante de la Policía, general Oscar Muñoz, dijo que lo hicieron porque fueron amenazados por nativos armados con flechas.
En cambio, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que tiene informes de que los agentes actuaron cuando los indígenas estaban a punto de cenar y exigió a Morales el «cese inmediato de la violencia» contra los manifestantes, y lo mismo hizo la oficina de la ONU en La Paz.
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