Colima.- Ya siendo alcaldes electos, algunos diputados del PAN en la anterior legislatura, buscaron que el gasto para comunicación social fuera poco y quedará blindado, y en un cabildeo con el PRI lo lograron. Sin embargo ahora que son mayoría ya no les gustó y quieren aumentarlo mil 200 por ciento.
Entonces se aprobó una reforma y quedó prohibido que para este rubro se destinara más del .5 por ciento presupuesto anual del Congreso, además de quedar prohibidas remodelaciones que no respondieran a daños estructurales de las instalaciones.
Pero ahora quieren que el gasto para comunicación se crezca al seis por ciento del presupuesto anual.
Dicha propuesta se presentó desde octubre del 2014 y se aprobó – después de su análisis y estudio – el 20 de julio del 2015, con lo que quedó legalmente reformado el artículo 67 Ter de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y quedó de la siguiente manera:
CAPÍTULO ÚNICO – DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO
Artículo 67 Ter.- La austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público será eje rector de la función pública, por lo que los sujetos de esta Ley, en el ámbito de su competencia, están obligados a:
I. Limitar los gastos de comunicación social o institucional a un máximo del 0.5% de su presupuesto;
II. Abstenerse de autorizar bonos, compensaciones, gratificaciones o donaciones que no se encuentren previamente contemplados en el presupuesto de la dependencia o entidad paraestatal y que no estén convenidas;
III. Limitar la remodelación de oficinas de acuerdo al presupuesto aprobado para tal efecto, y solo cuando existan fallas estructurales que no puedan postergarse, implique una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles, genere ahorros en el mediano plazo, o se destine a reparar daños provenientes de casos fortuitos;
Esta reforma fue de las últimas aprobadas por la anterior legislatura, sin embargo, a poco más de seis meses de esta reforma, la nueva fracción y mayoría albiazul ya la olvidó y violó al aumentar el gasto para Comunicación Social, queriendo enfocar gran parte de la disponibilidad de recursos, al gasto de prensa y publicidad.
Dicha reforma fue aprobada por mayoría y apoyada por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Óscar Valdovinos, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Martín Flores Catañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas.
Ahora bien, además del aumento para comunicación social, el presupuesto vetado por el Gobierno del Estado de Colima, y que había sido aprobado por la mayoría de diputados locales del PAN y las de MC y PVEM, contemplaba un aumento del 27.5 por ciento en el capítulo 1000, relativo a servicios personales, al pasar de 68 millones 131 mil 673 pesos a 86 millones 923 mil 656 pesos.
Este aumento fue señalado por los diputados de oposición de que sería aplicado directamente al salario de los diputados.
Ayer domingo, tanto el presidente del PRI estatal Rogelio Rueda Sánchez, y la presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, la panista Martha Sosa Govea, expresaron sus opiniones, ante la ‘intentona’ de los diputados de aumentar el gasto.
Rueda Sánchez, presidente de la Comité Directivo Estatal del PRI, calificó esta intentona de aumentar lo correspondiente a salarios, dietas y prestaciones como un acto ilegal.
“El aumento al salario mínimo en este 2016 es del 4.2 por ciento y la inflación en 2015 no llegó ni al 3 por ciento, por lo tanto no hay justificación que valga ante el desmesurado incremento que ellos mismos se autorizaron”, señaló en un comunicado de prensa.
Anteriormente, el diputado priista Federico Rangel Lozano había dijo que por simple aritmética, si los diputados del PAN aprobaron incrementar esa partida en 18.7 millones de pesos y son 25 diputados, entonces buscaban un incremento salarial a cada diputado de 780 mil pesos al año.
Esta versión fue negada por la coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso local, Martha Leticia Sosa Govea, justificando la jubilación de algunos trabajadores del Legislativo y la contratación de quienes los sustituirán.
Sosa Govea indicó que el grupo minoritario en el Congreso trata de frenar el trabajo legislativo y su difusión (gasto para comunicación social) porque saben del alto impacto que las decisiones de los diputados tiene sobre los habitantes del estado, y su preocupación es notoria.
“Es más que obvio que no quieren que la población colimense, valore la forma de trabajar de Acción Nacional, en donde siempre ponderamos el bien común y eso, claro que le pega a la campaña del abanderado tricolor”.
Lo cierto es que en el decreto 041 que aparece publicado en la página web del Congreso del Estado, en la página 22, se plasma el incremento de 18.7 millones de pesos a la partida de servicios personales que proponían los panistas.
Los servicios personales pueden ser sueldos, dietas, gastos de representación y viáticos.
Es decir dinero líquido que pueden disponer los legisladores y que quién ordena el destino de los recursos es Martha Sosa Govea.
Derechos Reservados AFmedios
