Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de Michoacán ofreció nuevos detalles sobre las indagatorias en curso relacionadas con la explosión ocurrida el pasado sábado en Coahuayana, incidente que dejó 6 personas sin vida y 6 lesionadas, así como afectaciones materiales en la zona.
El fiscal, Carlos Torres Piña, informó que el trabajo de gabinete y campo ha permitido delinear una primera reconstrucción de los hechos y del movimiento de los vehículos presuntamente vinculados.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Torres Piña explicó que los investigadores lograron rastrear la ruta de varias unidades que circularon por el área cercana al lugar del ataque.
Entre ellas destacó una camioneta Dodge Dakota negra, que “ingresó al municipio procedente de Tecomán, Colima”, y cuyo trayecto ya fue incorporado al análisis ministerial. Otros automóviles que transitaron por la misma carretera también están bajo revisión para determinar si guardan relación con el hecho.
El fiscal precisó que la Fiscalía General de la República asumió la parte técnica de la indagatoria, enfocada en determinar el tipo de artefacto utilizado, así como su potencia, mecanismos de activación y punto exacto de ignición.
En paralelo, la Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones del ámbito local, que incluyen la tipificación de lesiones, fallecimientos y la valoración estructural de los daños ocasionados. Sobre este último punto, adelantó que “los peritajes ya están en fase de conclusión”.
Respecto a posibles antecedentes de riesgo, Torres Piña subrayó que la institución no tenía conocimiento de amenazas dirigidas a la comandancia de la Policía Comunitaria. “Hasta ahora no se tenía registro de amenazas directas contra la corporación”, afirmó.
En cuanto a la situación administrativa de la Policía Comunitaria de Coahuayana, el fiscal detalló que la mayoría de sus integrantes sí cuentan con registro oficial ante la Secretaría correspondiente.
Señaló que actualmente existen 12 elementos dados de alta dentro del esquema municipal de seguridad, lo que los coloca en un marco legal distinto al de otros municipios donde han operado civiles armados sin acreditación. También reiteró que antes del ataque del sábado no había reportes de advertencias o intimidaciones específicas contra ese grupo.
Con estos avances, la Fiscalía estatal y la FGR mantienen abiertas líneas de investigación que permitan esclarecer tanto la autoría como los motivos del atentado, mientras se consolidan los peritajes y análisis técnicos aún en curso.
