De acuerdo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la Mora, la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Nacional la cual es discutida en la Cámara de Diputados, debe tomar como base la Constitución Mexicana.
Y es que según el Ombudsman colimense esta es una ley secundaria derivada de la Constitución, donde debe estar bien regulada la intervención de los militares.
“Esta claro y preciso –dijo Chapula de la Mora-, ningún precepto de la Constitución esta encima de otro; ahí se establece que la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y el Ejército y Armada deben ser auxiliares en materia de seguridad”.
Añadió que cuando intervienen en la flagrancia de la comisión del hecho delictivo, de inmediato cuando se detenga a una persona esta debe poner a disposición de la autoridad más cercana para que determine conforme a la ley y cada autoridad ejerza las atribuciones que le corresponde.
Como defensor de derechos humanos, expuso que en primer lugar se debe respetar las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esta es un ordenamiento jurídico-político y las autoridades estatales, municipales y federales, deben observar que nada debe estar encima de la Constitución.
Recordó que en 2007 la Suprema Corte de Justicia estableció que hay constitucionalidad par a que las fuerzas intervenga en tareas al combate del crimen organizado, pero todo debe apegarse a la Constitución.
Ya que de acuerdo a Chapula de la Mora, quien tiene la facultad de investigar y perseguir delitos es el Ministerio Público, en esfera local y federal.
“Si bien es cierto los delitos de delincuencia organizada y crimen, es de la federación el intervenir, también es obligación de los estados coadyuvar esa tarea, ya que más que el 93 por ciento de las conductas delictivas son del orden en común: robo a domicilio, a autos, asaltos a personas, cristalazos”.
Por lo que hizo un exhorto a todos los gobernadores de los estados a cumplir el mandato del artículo 120 de la Constitución que reza la obligación de los gobernadores estatales el publicar leyes federales y hacerlas cumplir y coadyuvar con la federación y así reestablecer la seguridad en todo el territorio nacional.
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