Colima.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, replicó un comunicado generado a nivel nacional en el que este organismo reitera su respeto irrestricto a la ley y afirma que seguirá defendiendo la vigencia del estado de derecho en nuestro país.
Por ello, el PRI rechaza cualquier intento de persecución política y el uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos. En una democracia estas conductas son inadmisibles.
La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario.
En los últimos años existen claros ejemplos de esta práctica:
• El caso del estado de Jalisco, donde Arturo Zamora, candidato del PRI al gobierno, fue acusado falsamente ante la opinión pública, pocos días antes de la elección, y cuando encabezaba ampliamente las preferencias en las encuestas, de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos, los cuales nunca se comprobaron y terminaron en una disculpa pública pocos días después de los comicios.
• El vergonzoso “michoacanazo”, en el que al final todos los alcaldes inculpados quedaron en libertad, sin que se les haya acreditado la comisión de delito alguno.
• En Guerrero, días antes de la elección, se acusó de vínculos con el crimen organizado a Manuel Añorve, candidato del PRI al gobierno del estado. Una vez más no se comprobó ilícito alguno.
El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia.
En ese contexto se inscribe también la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI. Esto es absolutamente falso. Exigimos a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas. Nos reservamos el derecho de recurrir a instancias legales.
Las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
En una democracia no se puede fingir que se impone la ley, violando la ley.
Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales.
Gobernación rechaza que se actúe con fines políticos
El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que se actúe con fines políticos en la aplicación de la justicia y ratificó que las instancias encargadas de la procuración de justicia del país actuarán hasta el extremo de sus facultades para llevar ante los juzgados casos sólidos en la materia y castigar a los responsables.
Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre las investigaciones de la Procuraduría General de la República a los ex Gobernadores de Tamaulipas, el titular de SEGOB informó que existe una serie de indagatorias en el marco de una averiguación previa en este caso y corresponde a la propia PGR dar la información correspondiente en el marco de la reserva que impone la ley.
Subrayó que la tarea del Ministerio Público de la Federación es dar certidumbre y apegarse a la legalidad, por lo que el Gobierno Federal trabaja bajo en un esquema de división de poderes, de transparencia y de rendición de cuentas basados en los resultados de las instituciones de procuración de justicia.
En cuanto a las reformas en materia legislativa, dijo que con el Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia mañana, se dará la oportunidad de encontrar espacios de coincidencia, por lo que la Federación trabaja de manera cercana y coordinada con los distintos grupos políticos y las bancadas legislativas, con el objetivo de dar a la sociedad los resultados que demanda.
El Secretario Poiré mencionó que desde su llegada a la Secretaría de Gobernación el diálogo ha sido el medio más importante para acordar, junto con el Poder Legislativo y las distintas fuerzas políticas, las reformas que el país necesita en materia laboral, de seguridad y justicia, entre otras.
Destacó la importancia de concretar, lo antes posible, los cambios a la Ley de Extinción de Dominio, a la Ley de Seguridad Nacional; las reformas al Código de Justicia Militar en contra del lavado de dinero; la nueva Ley de Testigos Protegidos, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, así como los cambios al Código de Procedimientos Penales.
El titular de la SEGOB reiteró que la Secretaría de Gobernación asume plenamente el compromiso de mantener abierto el puente de comunicación y diálogo con los legisladores de todos los partidos políticos para concretar las reformas legislativas pendientes.
“El Gobierno Federal cumple con su obligación constitucional y su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de todos los mexicanos. Es por ello que expresamos nuestra confianza y reiteramos nuestro respaldo para que desde el legislativo se siga cumpliendo con el deber y con la tarea histórica que hoy está en manos de las señoras y señores legisladores”, añadió.
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