La presidenta del Congreso del Estado, Socorro Rivera Carrillo presentó una iniciativa para tipificar en el Estado el terrorismo como un delito, ello porque en muchos Estados de la República se han venido dando a últimas fechas hechos catalogados como actividades terroristas.
Señaló que el delito de terrorismo se encuentra ya tipificado en los Códigos Penales de 19 entidades federativas del país.
Mencionó que actualmente el delito de terrorismo no está tipificado como tal en el Código Penal para el Estado de Colima,
Argumentó que los elementos típicos del delito de terrorismo son: al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, armas químicas, biológicas, bacteriológicas o similares, material o instrumentos radioactivos, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento.
También, el que realice actos en contra de las personas, las cosas o los servicios públicos; que produzcan alarma, temor o terror entre la población o un grupo o sector de ella o para perturbar la seguridad y paz pública o tratar e menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Al referirse a la penalidad, la diputada Socorro Riera Carrillo mencionó que la iniciativa contempla que se impondrá de seis a treinta años de prisión y multa de hasta seiscientas unidades, con independencia de las penas que correspondan por los delitos que resulten.
Dijo que por la gravea, impacto y daño social se propone catalogar al terrorismo como delito grave y por su trascendencia y bien jurídico protegido se propone que sea considere como un delito imprescriptible, lo que significa que aún y por el transcurso del tiempo pueda ser perseguido y sancionado.
“Se propone establecer el nuevo delito de terrorismo dentro de los delitos contra la seguridad del Estado, conjuntamente con los delitos de conspiración, rebelión, sedición y motín, los cuales son considerados como delitos políticos y perseguibles previa querella del ejecutivo del Estado; a diferencia, se propone que el terrorismo no constituya un delito de carácter político y que además sea perseguible de oficio, en función de la gravedad del mismos y sus consecuencias”, concluyó la legisladora.
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