Colima.- Lo que fue convocado como una rueda de prensa en la que se informaría sobre los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la generación de confianza para las inversiones, se convirtió en una serie de explicaciones del por qué el sistema no ha funcionado como se esperaba, y por el contrario, ha derivado en casos donde las personas hacen justicia por su propia mano.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora en la entidad, Rigoberto Suárez Bravo, dejó en claro que la ciudadanía deberá tener paciencia para ver los resultados de la implementación del nuevo sistema.
«Tener paciencia en cuanto a saber que la autoridad hace lo que corresponde (…) si se trata de una libertad en contra de un inculpado, el asunto no está perdido, se puede retomar y volver a llevar a juicio al inculpado».
Cuestionado sobre la inconformidad de la ciudadanía ante la ola de robos y el hecho de que los presuntos responsables no sean detenidos o los liberen rápidamente, afirmó que para observar el éxito del sistema, faltará tiempo.
«La manera de convencer a la ciudadanía es a través de la actuación de la autoridad (…) deben convencer que el nuevo sistema es mejor que el anterior».
Hasta ahora, el nuevo sistema se ha implementado en seis municipios, el 52 por ciento de la meta.
La primera fecha que se tenía prevista para aplicarlo en todo el estado era el 1 de marzo, pero tras «problemas técnicos» se cambió para el 20 de mayo, el plazo fatal es en junio próximo.
Suárez Bravo afirmó que ha habido resistencia al cambio de parte del personal que conforma las corporaciones de seguridad, pero también señaló que la ciudadanía requiere un cambio de cultura.
«Entender que se trata de una nueva visión de la administración de Justicia en la que cabe la posibilidad de que una persona no esté detenida para decir que se le hizo justicia, a veces se decreta libertad con medida precautoria».
Dijo que en el sistema anterior, había gente a la que se privaba de su libertad sin haberse comprobado su responsabilidad, entonces el afectado dejaba de ser el sostén de su familia y al estar preso, su manutención costaba al estado.
«Se prefiere que la persona esté en libertad, produciendo y de paso no le cuesta al Estado «.
Descartó que el alza en robos registrado en la entidad se deba a la implementación del nuevo sistema.
«Ahora le corresponde a la autoridad el comprobar que cometimos un delito, antes había que tener testigos para demostrarlo», añadió
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