Colima.- La procuradora de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, informó este martes que la dependencia a su cargo investiga el caso del presunto tráfico de menores entre Colima y Jalisco, y tras señalar que tampoco tienen denuncia alguna, ni física o electrónica, esperan que el representante de la Fundación FIND, Juan Manuel Estrada, la presente físicamente en Colima la próxima semana.
La funcionaria estatal señaló que hasta el momento se han basado en información de los Medios de comunicación y que al no tener una denuncia física, «la investigación es todo un abanico de posibilidades», expresó.
En la rueda de prensa estuvieron presentes el director de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, José Luis Ramírez Málaga; los jueces de lo familiar Ramón Villalvazo y Ernestina Arroyo Brizuela; el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael García Rincón y el secretario General de Gobierno, René Rodríguez Alcaraz.
“No la tengo, no es que esté escondiendo información, la denuncia la podemos tener vía escrita y electrónica, pero ayer informaba y hoy lo sostengo, tratándose de delitos graves como es el caso, para la investigación no basta que tenga la denuncia”, añadió.
La funcionaria expuso que ya ha convocado a Estrada Juárez, quien pidió una audiencia para el viernes, sin embargo debido a que la procuradora debía tener la comparecencia el viernes le fue imposible atenderle la visita.
“Ya le dimos audiencia la próxima semana y es posible que en esa fecha me presente la denuncia, a decir del procurador de Justicia de Jalisco no obstante que él presento la denuncia en Jalisco se ha negado a comparecer, veremos si en ese procedimiento contamos con la denuncia y también su colaboración porque en este tipo de delitos no compete a las autoridades sino a los ciudadanos denunciar algunos indicios o pruebas que les parezcan contrarios a derecho”, añadió.
Verduzco Guzmán, hizo énfasis que por instrucciones del gobernador Mario Anguiano Moreno, se le está dando seguimiento a este caso para revisar minuciosamente los procesos llevados a cabo en las adopciones ventiladas a los medios de comunicación. Agregó que en caso de encontrarse anomalías en algunos de los procesos de adopción, es indicación del mandatario estatal que caiga todo el peso de la ley contra quién o quiénes resulten responsables.
A pregunta expresa, la procuradora de justicia, dijo que pidió a su homólogo de Jalisco que le facilite el expediente de la denuncia por tráfico de menores presentada en el vecino Estado, ya que desconoce los detalles de la misma, aunque ya se realiza la investigación de la averiguación previa pese a que no hay denuncia en la entidad.
“Solicitamos la información de estas denuncias en las que pudiera estar involucrado personal del juzgado o particulares dentro de la secuela procesal del juicio. Tengo instrucciones del gobernador de llevar una exhaustiva revisión de los procesos, y de encontrase irregularidades en ellos, tengan la certeza de que vamos a aplicar todo el peso de la ley sin distingos de funcionarios ni de particulares”.
¿Cuál es el procedimiento de una adopción?
Durante la conferencia, la jueza de lo familiar Ernestina Arroyo Brizuela, informó que el trámite de adopción para entrada a juzgado a sentencia dura entre 4 y 6 meses, el cual se realiza conforme al Código Procesal Civil y Código Civil en vigor.
Los requisitos y documentos necesarios deberán ser reunidas por las partes que pretenden adoptar, los cuales se presentan al juez de familiar, se analizan y si es idóneo se dicta la resolución de la adopción.
“Referente a adopciones internacionales la autoridad central, sería la secretaría de Relaciones Exteriores del lugar de residencia de las personas que adoptarán, ellos advierten la idoneidad de los que van a adoptar”, expuso.
De tal manera que hacen la investigación escrupulosa, ya que recaban información psicológica, social y económica de las personas que adoptarán y cuál es el motivo por el que quieren hacerlo.
Posteriormente se envía al DIF Estatal quienes revisan la documentación y proceden a hacer una investigación del adoptado, la cual se basa en que haya una voluntad de los parte de los tutores o quienes ejercen la patria potestad, que exista una voluntad sin coacción o medie una cuestión económica (que no hayan dado una cantidad económica para que diera en adopción al menor).
Con esos requisitos se cumple la adopción ante la autoridad jurisdiccional, y se lleva a cabo el procedimiento y se revisan los documentos uno a uno, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto del DIF Estatal y lo que se recabe del procedimiento.
En caso de encontrarse que algún requisito no se cumpla, el juez revoca la adopción.
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