La Secretaría de Gobernación mantiene en reserva por dos años —con opción a 12—, los contratos con las empresas Smartmatic y Axtel vinculados al proceso de emisión de la cédula de identidad, así como las propuestas técnicas presentadas por el resto de los licitantes descalificados.
La controvertida compañía holandesa (Smartmatic) ganó, el 24 de noviembre de 2009, la licitación para la venta de dos mil equipos especializados en obtención de datos biométricos, por un monto de 299.5 millones de pesos, el más alto de las propuestas.
Axtel fue ganadora el 14 de diciembre de ese año del convenio por más de 700 millones de pesos para suministrar la infraestructura informática necesaria para expedir la mica.
Aunque la Segob insiste en que las “evaluaciones de los ganadores estuvieron apegadas a los principios de transparencia y eficiencia económica”, ha optado por ocultar detalles de los procesos, aun por encima de resoluciones emitidas sobre el caso por el IFAI y con argumentos falsos como quejas administrativas pendientes de dictamen.
“¿Qué esconde Gobernación? —pregunta el diputado Canek Vázquez (PRI), presidente del grupo plural creado en la Cámara para dar seguimiento al asunto. Ha revivido el proyecto cuando aún no aclara a los mexicanos qué pasó en las licitaciones millonarias para la compra de equipo e infraestructura, desde el principio presentó reservas, porque en lo oscurito negoció con las empresas beneficiadas”.
La negativa de información no sólo ha sido a particulares, sino a legisladores como Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión de la Función Pública, a quien en reiteradas ocasiones le han rechazado solicitudes.
El diputado Agustín Guerrero (PRD) es más arriesgado: “¿Por qué tapan las cosas?… Durante un tiempo se abrió una discusión con la empresa de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, porque él era quien traía la empresa que iba a generar esta cédula de identidad, se supo cuando Francisco Ramírez Acuña era secretario de Gobernación, que detrás del negocio estaba Hildebrando”.
Las justificaciones. Según el expediente 3895/10 del IFAI, entregado a Crónica, la Segob se ha negado a ofrecer pormenores de la licitación a favor de Smartmatic “porque fue objeto de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública, la cual fue resuelta con fecha 12 de abril confirmando la resolución impugnada. No obstante, se tiene conocimiento de que la decisión se encuentra sin causar ejecutoria debido a que se promovió por el inconforme un juicio de amparo en su contra, que sigue en trámite”.
Gobernación se respaldó en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual señala que se considerará información reservada “los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado”.
Sin embargo, el 24 de agosto del año pasado el Pleno del IFAI revocó la clasificación de “reserva” que dio la Segob a la información y emplazó a la dependencia a entregarla a los solicitantes (aun cuando se actualizara otro supuesto de clasificación como el “secreto industrial”, el IFAI pidió a la Segob entregar una versión pública de los documentos requeridos), lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Los comisionados del Instituto coincidieron en que “la información relativa al contrato con Smartmatic así como las propuestas técnicas, no constituyen actuaciones o diligencias propias del juicio o del procedimiento administrativo, es decir, de la inconformidad en la que se emitió resolución y que fue objeto de impugnación vía amparo”.
Y señalaron que “dichos documentos fueron generados con anterioridad a la inconformidad, pues únicamente constituyeron el cumplimiento de los requisitos previstos en las bases de licitación… Su difusión no podría vulnerar la objetividad de la autoridad que sustancia el juicio de amparo ni limitar su capacidad juzgadora”.
A finales de agosto, al responder otra petición de un particular sobre el mismo asunto, la Segob insistió en el “secreto” y volvió a aludir el procedimiento administrativo pendiente en la SFP, pese a que éste se había resuelto cuatro meses antes (12 de abril).
Nuevo silencio. Según la Secretaría de la Función Pública —en respuesta a solicitud de este diario—, se promovieron tres inconformidades contra las licitaciones relacionadas con la cédula, aunque todas fueron declararon infundadas.
La primera fue presentada por el consorcio Sagem Securite en contra de la convocatoria y juntas de aclaraciones de la licitación adjudicada a Axtel. Se reclamó el criterio de evaluación y que el procedimiento debió ser público internacional bajo la cobertura de tratados y no nacional.
La segunda, por la empresa Cosmocolor, en contra del fallo a favor de Smartmatic para la adquisición de equipo para captura de datos biométricos; adujo incumplimiento de aspectos técnicos. La SFP avaló el proceso, pero de manera extraña también se negó a difundir sus razones, con el mismo argumento antes utilizado por la Segob: estaba en trámite un amparo indirecto en contra de su resolución, radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en el DF.
La tercera inconformidad fue de la compañía Latin ID, también contra el fallo; reprochó descalificaciones injustas.
Trampas. Días después del fallo del 24 de noviembre, se reveló que en países como Venezuela, Bolivia y Filipinas se había rechazado la participación de Smartmatic en licitaciones públicas por su “especialización en fraudes electorales”; que en EU era investigada por el FBI y por los departamentos del Tesoro y Rentas Internas por evasión fiscal de más de 12 millones de dólares y el pago de comisiones clandestinas a funcionarios para adjudicarse jugosos contratos; que la Cámara de Comercio de Ámsterdam había clasificado su giro como “comercio riesgoso” y que para “blanquear” sus negocios solía emplear prestanombres.
También se develó que su propuesta fue la más cara: 299.5 millones de pesos, entre 50 y 107 millones más que el resto de las participantes. Las empresas Soltic, Mainbit, Cosmocolor e Image Technology documentaron irregularidades técnicas como la falta de nitidez en sus imágenes de iris y la desorganización en archivos de datos personales.
“La evaluación fue sospechosa, pasará como en el Renave, que se le adjudicó a una empresa argentina y los datos fueron filtrados a gente que robaba autos”, alertó Ricardo León, director de Soltic.
Pese a todo, Smartmatic entregó sus equipos al gobierno mexicano el 8 de enero de 2010…
“Gobernación trae la presión de que se gastó más de mil millones de pesos en los equipos y éstos han estado más de un año almacenados en su sótano, por eso se sacó ahora de la manga la cédula para menores, sabe que está expuesta a acusaciones de daño patrimonial”, dice el diputado Escudero.
Con información de Crónica.
