Colima.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, aseguró que el presunto desfalco cometido durante la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez representa “el mayor daño” ocasionado a las finanzas públicas en la historia reciente de Colima.
En entrevista con AFmedios, Flores Castañeda habló sobre la reciente vinculación a proceso de Peralta Sánchez y de su exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado, coalición de servidores públicos y atribuciones indebidas.
“Nunca antes en la historia del gobierno del estado habíamos tenido un desfalco y una utilización de los recursos públicos de manera tan atroz, tan desastrosa. Es el mayor daño que se le ha ocasionado a las finanzas del estado por cualquier gobernador”, afirmó.
El líder sindical sostuvo que las denuncias penales derivaron directamente de afectaciones económicas a trabajadores y al sistema de pensiones estatal.
Explicó que las primeras denuncias fueron presentadas en agosto de 2021 por el propio sindicato, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL) y posteriormente por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.
Según detalló, una de las acusaciones centrales tiene que ver con la retención de cuotas sindicales, pagos de préstamos y aportaciones de trabajadores que fueron descontadas vía nómina, pero que nunca fueron entregadas a las instituciones correspondientes.
“Ya no era dinero público, era parte del salario de los trabajadores que se les retuvo para enterarlo. Al no entregarlo se constituye el delito de peculado”, señaló.
Flores Castañeda indicó que solamente en el caso del IPECOL, la denuncia inicial fue por alrededor de 310 millones de pesos relacionados con cuotas y descuentos de préstamos personales e hipotecarios retenidos entre abril de 2019 y agosto de 2021.
A ello se suman otros 210 millones de pesos que, afirmó, el gobierno estatal dejó de aportar al fondo pensionario, lo que elevó el presunto quebranto a 520 millones de pesos.
“Ese faltante nos ha generado muchos problemas para otorgar préstamos personales e hipotecarios porque el fondo se destina principalmente al pago de jubilaciones”, explicó.
El dirigente sindical reconoció el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y consideró que existen elementos suficientes para que el caso avance judicialmente.
“Yo felicito a la Fiscalía Anticorrupción por haber hecho un trabajo ejemplar porque los datos de prueba son documentos oficiales que acreditan de inicio que sí hay elementos suficientes para vincularlos a proceso”, dijo.
Añadió que en los próximos cinco meses deberá definirse el futuro jurídico del caso y confió en que exista una sanción ejemplar, además de la reparación integral del daño.
“No solamente queremos que se sancione penalmente, sino que se repare el daño ocasionado al erario público y a los trabajadores”, sostuvo.
Durante la entrevista, Flores Castañeda advirtió que el sistema pensionario estatal sigue enfrentando riesgos financieros importantes, aunque aseguró que actualmente la situación ya logró contenerse.
Detalló que el adeudo histórico total del estado con el IPECOL supera los mil 800 millones de pesos, aunque parte de esa deuda ya comenzó a pagarse mediante un fideicomiso aprobado a largo plazo.
También reconoció que la actual administración estatal dejó de cubrir aportaciones patronales en 2022 y 2023 debido al quebranto financiero heredado, aunque aclaró que sí se han enterado las cuotas retenidas a trabajadores.
“Hoy estamos tratando de reconstruir y construir acuerdos. Lo importante es que ya hay voluntad para resolver el problema y evitar que vuelva a repetirse una crisis como la que dejó la administración anterior”, comentó.
El líder sindical señaló que actualmente existen mesas de negociación entre el sindicato, el IPECOL y el Gobierno estatal para construir un convenio de pago viable financieramente.
Indicó que una reunión clave se realizará el próximo 18 de mayo para definir el monto actualizado del adeudo y las condiciones del nuevo convenio.
En otro tema, el dirigente sindical criticó al gobierno municipal de Minatitlán por el despido de trabajadores sindicalizados que, aseguró, ya habían ganado juicios laborales definitivos.
Calificó como “atroz” la situación que viven once empleados despedidos y acusó a la administración municipal de mantener tácticas dilatorias para evitar reinstalarlos.
“Eso le cuesta al pueblo de Minatitlán, no al alcalde. Son cinco años de conflicto por una arbitrariedad”, afirmó.
También denunció presuntas presiones contra el sindicato local y aseguró que se presentarán denuncias penales y administrativas contra autoridades municipales por presunto abuso de poder y violaciones laborales.
Finalmente, Flores Castañeda defendió el trabajo de los servidores públicos sindicalizados y destacó que el 77 por ciento de los trabajadores afiliados cuentan con formación profesional.
“Tenemos el compromiso de seguir defendiendo los derechos laborales y de garantizar un sistema de pensiones sólido para las futuras generaciones”, concluyó.
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