Colima.- La mañana de este lunes, en rueda de prensa, el regidor perredista del Ayuntamiento de Colima, Nicolás Contreras, denunció que la comuna realiza una campaña ‘ilegal’ por medio de la Dirección de Tránsito municipal, que consiste en quitar documentos oficiales o placas de circulación para obtener mayores ingresos por este concepto.
Acompañado del diputado Francisco Rodríguez y la diputada del PAN, Yulenny Cortés, dijo que no están en contra de que se infraccione a quien cometa un falta vial, pero sí que se retiren de manera arbitraria documentos o placas de circulación.
“Desde el año pasado el Ayuntamiento de Colima comenzó una campaña de recaudación de fondos por medio de los agentes de Tránsito y Vialidad, a quienes se les ordenó que al momento de levantar las boletas de infracción siempre quitaran una placa de circulación a los conductores, o en su caso licencia o tarjeta de circulación, con el fin de garantizar el pago”, dijo.
Recordó que el pasado 11 de noviembre del 2013, presentó una iniciativa al cabildo para que se detuviera esta medida y que aunque el Cabildo está obligado a dictaminar la propuesta en menos de 30 días, ya han pasado 98 días y no se ha resultado tomar en cuenta la propuesta del regidor.
Contreras explica que la medida es meramente recaudatoria, pues el propio director de Ingresos de Ayuntamiento declaró públicamente que la recaudación por medio de multas de tránsito había aumentado, contabilizando de enero a agosto de 201311 millones 286 mil pesos.
“Sin embargo, 7 días después de que presentamos nuestra iniciativa de reforma ante el Cabildo, el 18 de noviembre el mismo funcionario cambió la cifra declarada y dijo que lo recaudado por multas de tránsito habían sido 7 millones 580 mil pesos”.
Dijo que es necesario que primero se aclare esta discrepancia de los recursos y después que se deje de retirar esta documentación o placa, como medida de presión para ejercer el pago inmediato.
El regidor señala que los ciudadanos pueden recurrir al amparo y les será devuelta su documentación, pero que apelando a la sensibilidad del alcalde, se prohíba esta medida «que tiene fines económicos».
“El ciudadano no debería tener que pasar por el recurso de amparo para que le sea devuelta su documentación, que le fue quitada de manera arbitraria para presionarlo a pagar una multa”.
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