Colima.- José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima, dijo confiar en que el acuerdo de austeridad implementado para todas las áreas de la administración estatal, no será necesario durante sus seis años de gobierno.
Entrevistado por los medios de comunicación, afirmó que esta medida se implementará hasta que se logre un ajuste en las finanzas.
“Nos ha generado ciertos ahorros que nos van llevando hacia un mejor equilibrio entre las finanzas públicas, entre lo que son ingresos y gastos y esto será un factor de estabilización (…) No va a haber acuerdo de austeridad toda la administración, era solamente un proceso de ajuste que deberá estar concluyendo los siguientes meses”.
Recordó que aunque la administración estatal se recibió en una situación financiera “sumamente complicada”, confía en que para el segundo semestre del 2016, se tenga mayor libertad para ejercer recursos.
“Lo que hemos tratado de hacer es pagar el gasto operativo, la parte de la nómina, y aquellas cuestiones que se consideren prioritarias, estamos enfocados en resolver el problema de crédito de un corto plazo que se renovó a finales de diciembre”.
Dijo que aunque la solución a este pasivo no es la más óptima, sí permitirá mayor liquidez para seguir enfrentando el pago de deudas, y adelantó que se trabaja en obtener la mayor cantidad de recursos posible de parte de la Federación, para concretar la realización de obra pública en el 2017.
Y es que el problema con algunas obras de inversión federal, como el Hospital Materno-Infantil de Villa de Álvarez, será aportar el dinero para el pago de nómina.
“No podemos garantizar que tienen los recursos asegurados, hay que hacer el esfuerzo, (…) la problemática estará en el gasto operativo que viene siendo la nómina para tener las enfermeras, doctores y personal administrativo que sea necesario, pero no vamos a claudicar y tampoco vamos a renunciar a impulsar proyectos importantes como hospitales en Armería, Ixtlahuacán e instalaciones en Manzanillo”.
Adelantó que se trabaja en adecuar la normatividad para que la iniciativa privada también pueda invertir en obras que generen servicios para la población.
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