México.-La Comisión de Gobernación del Senado aprobó con 21 votos a favor y uno en contra el dictamen de la minuta por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales que establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.
El dictamen de la minuta impone de mil a 5 mil días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
La pena prevista se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo a una precampaña o campaña electoral.
Se establece prisión de dos a nueve años al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de otro contendiente.
Destaca que a los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, además de la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se les impondrá de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Sanciona con pena de prisión de seis meses a tres años y con 50 a 100 días de multa cuando a aquellas personas que sin calidad de funcionario público o de partido vote más de una vez en una misma elección o introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas.
Además, a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio a favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político, o coalición.
También impondrá de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años a los funcionarios electorales que alteren los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales.
Asimismo, a quien sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.
Además, a quien permita la emisión del voto a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de ley o divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado.
Se impondrá de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.
También, el dictamen establece que se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas así como la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición.
Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, esa pena se aumentará hasta un tercio.
Durante una reunión de trabajo, el presidente de la instancia legislativa, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), indicó que la minuta aprobada será turnada a la Mesa Directiva para que sea programada su discusión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. BP
