El nuevo informe que detalla las fallas en una operación estadounidense contra el tráfico de armas hacia México es un buen paso para tratar de restablecer la confianza de la ciudadanía en el Departamento de Justicia, afirmó el jueves un prominente legislador allegado al caso.
Darrell Issa, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, agregó que el reporte confirma lo que su panel sabía desde hace tiempo: el Departamento de Justicia abandonó a los estadounidenses.
El órgano de supervisión interna del Departamento de Justicia emitió el miércoles el informe de 471 páginas, que culpó a esa dependencia de aplicar estrategias equivocadas, incurrir en errores de criterio y tener fallas administrativas durante la Operación «Rápido y Furioso», una investigación fallida para restringir el tráfico de armamento en Arizona.
En el texto, el inspector general del departamento, Michael Horowitz, agregó que esa operación, que comenzó a finales de 2009, desdeñó la seguridad pública y permitió que cientos de armas aparecieran en sitios donde se cometieron delitos en Estados Unidos y México.
Issa opinó sobre el informe al comenzar una audiencia legislativa en la que Horowitz presentará su testimonio.
Horowitz se refirió a poco más de una decena de personas con el fin de que sean objeto de posibles medidas disciplinarias por los papeles que desempeñaron en esa operación y en otra distinta llamada Wide Receiver (Receptor Abierto), implementada durante el gobierno del presidente George W. Bush.
Además, el texto señala no tener evidencias de que Holder haya sido puesto al tanto sobre el operativo antes del 31 de enero de 2011, ni de que le hayan dicho acerca de la polémica estrategia empleada por la Oficina Federal para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), perteneciente al departamento, para seguir el rastro de las armas.
El seguimiento de ese rastro, conocido en el argot de las autoridades como «dejar que las armas caminen», era una táctica experimental, prohibida por las políticas tradicionales del Departamento. Los agentes de la ATF en Arizona permitieron que presuntos testaferros, quienes supuestamente trabajaban para grupos del crimen organizado en México, compraran armas y salieran de las armerías en Phoenix.
Dos de las 2.000 armas que los compradores ilícitos habrían adquirido durante la investigación fueron recuperadas en el sitio de un tiroteo donde murió el agente fronterizo Brian Terry. Aproximadamente 1.400 armas siguen sin recuperarse.{jathumbnail off}
