La Verdad Sospechosa
Por: Esteban HERRERA UGARTE
La semana pasada escribía sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias y el enorme riesgo que representan para la libertad de expresión.
Después de terminar aquella columna, me quedó una sensación: quienes gozamos la oportunidad de tener un espacio para la libre expresión, debemos ser los primeros en defenderlo; y me preocupa que no estemos siendo lo suficientemente capaces de transmitir la real dimensión de su importancia para garantizar uno de los mayores garantes de la democracia: la Libertad de Expresión.
Por eso hoy quiero recurrir a un clásico: hace más de cuatro siglos, el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón escribió La verdad sospechosa. Una obra que conocí gracias al Teatro Clásico del IMSS y cuyo personaje principal, Don García (interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo), era un mentiroso profesional. Mentía tanto y con tanta facilidad que terminó destruyendo su propia credibilidad. Cuando finalmente dijo la verdad, ya nadie estuvo dispuesto a creerle.
La enseñanza parecía sencilla: quien convierte la mentira en costumbre termina haciendo sospechosa incluso la verdad. Pero cuatro siglos después enfrentamos un problema distinto y mucho más delicado: hoy la verdad ya no se vuelve sospechosa porque existan demasiados mentirosos. Se vuelve sospechosa porque el poder pretende decidir cuál verdad puede decirse y cuál debe castigarse. Ésa es la diferencia.
Toda democracia necesita combatir la mentira deliberada, la difamación y la manipulación. Nadie discute eso. Pero una democracia sana también entiende que el remedio nunca puede ser peor que la enfermedad.
Cuando el Estado, mediante organismos cuyos integrantes son nombrados desde el propio poder, adquiere la facultad de determinar qué información resulta aceptable y cuál merece sanción, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en política.
Porque entonces ya no discutimos únicamente si una noticia es verdadera o falsa, discutimos quién tiene el derecho de decidirlo. Y esa diferencia cambia todo.
La historia demuestra que los gobiernos rara vez censuran diciendo «vamos a censurar». Siempre encuentran una causa noble. Antes fue la Inquisición, después la moral pública, después la seguridad nacional. Ahora puede llamarse protección de los derechos de las audiencias. El nombre cambia, el riesgo permanece.
El periodismo dejaría de preguntarse si una investigación está suficientemente documentada para comenzar a preguntarse si vale la pena publicarla.
El conductor dejaría de pensar si tiene razón para empezar a calcular si podría ser sancionado.
El empresario de los medios comenzaría a valorar si resulta más barato callar que defenderse.
Y entonces aparece el enemigo más peligroso de cualquier democracia: la autocensura.
No hace falta cerrar periódicos cuando basta con convencerlos de que hablar sale demasiado caro.
Ése es el verdadero peligro. Porque una sociedad no pierde sus libertades únicamente cuando alguien le prohíbe hablar. También las pierde cuando aprende que es más seguro guardar silencio.
Quizá el mejor órgano regulador de las audiencias nunca haya necesitado presupuesto público, consejeros, lineamientos ni sesiones extraordinarias. Viene instalado de fábrica en todos los televisores y radios.
El mejor órgano regulador de las audiencias tiene un botón para cambiar de canal, otro para apagar el aparato y uno más poderoso todavía que no aparece en ningún control remoto: el libre albedrío.
Confiemos más en la inteligencia de las audiencias que en la tentación de los gobiernos de pensar por ellas. Porque el día que necesitemos permiso oficial para decidir qué escuchar, qué creer y qué cuestionar, ya no estaremos ejerciendo el derecho de las audiencias.
Juan Ruiz de Alarcón nunca imaginó que cuatro siglos después existiría la tentación de construir, mañana tras mañana, una verdad oficial. Tal vez por eso su obra y su personaje Don García sigue tan vigente. Sólo habría que cambiarle el género: dejaría de ser Teatro Clásico para convertirse en programa matutino.
