A Propósito
Por Fernando Moreno Peña
El Congreso de la Unión aprobó, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ley General de Educación Superior, lo que considero una buena ley y mi reconocimiento al presidente AMLO por esa iniciativa presentada al Congreso.
Esta ley confirma una transición gradual hacia la gratuidad de la enseñanza superior y de ampliación de la cobertura educativa.
Esta ley brinda un nuevo impulso también a la formación de maestros, definiendo puntualmente que la rectoría de la educación normal corresponderá a la SEP y que las políticas de formación magisterial serán coordinadas con las entidades federativas y tomarán en cuenta las particularidades regionales
Esta ley garantiza y blinda la autonomía universitaria, al quedar protegida de los caprichos irracionales que con frecuencia motivan la actuación de algunos diputados locales que se caracterizan por violentar la Constitución y la autonomía universitaria, como es el caso de diputado Vladimir Parra, cuyo grupo político al que pertenece en Colima, pretendió, infructuosamente, modificar la ley orgánica de la Universidad de Colima.
El Artículo 2 de la nueva ley de Educación Superior, establece lo siguiente: “Artículo 2. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de las presente Ley.
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Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de catedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; así como administrar su patrimonio.
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3º constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.”
Para que le quede claro al diputado Vladimir Parra y a sus jefes y aliados políticos que lo han secundado en el proyecto de agredir a la Universidad de Colima.
El diputado Vladimir, al haber fracaso en el congreso local y no lograr la aprobación su iniciativa de modificar la ley de la Universidad de Colima, inició una campaña en contra de la Universidad, con el argumento de la gratuidad de la educación superior, pretendiendo que se eliminaran las cuotas que pagan los alumnos.
Sobre ese tema de la gratuidad, la nueva ley de Educación Superior precisa y reconoce que las universidades tienen derecho al cobro de cuotas y a tener ingresos propios y establece: “Los ingresos propios de las instituciones que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio serán complementarios a la asignación presupuestal a cargo de la Federación y de las entidades federativas. Esos ingresos serán reportados en los informes que se realicen de la evaluación de gasto público respectivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Estos ingresos formarán parte de su patrimonio, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para el cumplimiento de sus objetivos y programas de desarrollo institucional”.
El falso argumento del diputado Vladimir sobre la gratuidad, lo desmiente claramente la ley de Educación Superior, al establecer en el artículo 66 lo siguiente: “La transición gradual hacia la gratuidad, en ningún caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ni las finanzas de las instituciones públicas de educación superior. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y los congresos locales de las entidades federativas, respectivamente, deberán destinar los recursos en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.
Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta Ley, con el apoyo de las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales”.
Está claro que la gratuidad de la Educación Superior es un proceso gradual que iniciará en 2022 y se soportará con presupuestos extraordinarios aprobados por el Congreso de la Unión y por los congresos locales y que la gratuidad no afectará las finanzas ni los presupuestos de las universidades.
La voz de las Mujeres
Por otra parte, un grupo numeroso de mujeres, con motivo del día internacional de la mujer y de las denuncias respecto a los ataques en contra de las mujeres, violencia, acoso sexual y feminicidios, enviaron un texto al presidente AMLO, en los siguientes términos: “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: “En México se protege el Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores.
En México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un candidato violador.
Exigimos una estrategia de seguridad con perspectiva de género para frenar los feminicidios, fortalecer las instituciones para denunciar la violencia de género, que esta pandemia ha agudizado, y leyes que garanticen nuestros derechos humanos. Exigimos también que se rompa el pacto patriarcal con el que ha defendido y ha llevado hasta hoy al presunto violador Félix Salgado Macedonio a la candidatura oficial.
“Exigimos que reconozca las urgencias de los diversos feminismos: madres de hijas que fueron víctimas de feminicidios, mujeres de los pueblos originarios, mujeres migrantes, mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidades, mujeres trans, muxes, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, mujeres privadas de su libertad, mujeres jóvenes, mujeres mayores, madres solteras, mujeres trabajadoras de los más diversos ámbitos. […]
“Vivimos en un país en el que todos los días 11 mujeres y menores de edad son asesinadas; 97 por ciento de los feminicidios queda impune. Cada cuatro minutos una mujer es violada. La mayoría de las mujeres privadas de su libertad están allí por un crimen cometido por un hombre. [. . .] Por causa del transodio, la esperanza de vida de una mujer trans en México es de 35 años. El sistema de opresiones coloniales hasta el día de hoy perpetúa la violencia en contra de las mujeres de pueblos originarios. Más de la mitad de las mujeres de este país ha sufrido violencia por parte de su pareja sentimental. Las mujeres con discapacidad no figuran en las encuestas. […] En México, una mujer tiene que trabajar casi 15 meses para ganar lo que un hombre gana por trabajar únicamente 12. Durante la pandemia, millones de mujeres han perdido su trabajo.
“Detrás de estas cifras estamos nosotras: madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas, compañeras. Somos historias. [. . .] Estamos hartas de las diferentes violencias en nuestra contra, desde las bromas machistas hasta los feminicidios. Exigimos un alto a su desdén, estamos hartas de que nos descalifique, Señor Presidente, no somos un partido político, somos una voz colectiva #SomosUnaVoz”. Suscribo.
Texto publicado por el periodista Héctor Aguilar Camín en el periódico milenio, el martes 9 de marzo.
