El pasado 20 de julio, la Secretaría de Gobernación anunció que promovería ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Congreso de la Unión, con el fin de determinar si las observaciones enviadas al Legislativo sobre la Ley General de Víctimas se presentaron dentro de los plazos legales.
Las diferencias entre los dos poderes comenzaron el 1 de julio, cuando el Ejecutivo le hizo llegar sus observaciones a los legisladores, para que hicieran algunas modificaciones al texto de la ley.
Dado que la legislación había sido aprobada el 30 de abril en el Congreso, el 9 de junio era la fecha límite para presentar cualquier tipo de observaciones, según determinaron los diputados y senadores que integraron la comisión permanente.
Estos mismos legisladores votaron para que la ley fuera publicada de manera inmediata y que posteriormente se analizara la posibilidad de realizar cambios a través de iniciativas de reforma.
El Poder Ejecutivo argumenta que no recibió el texto de la ley hasta el 30 de mayo, por lo que las observaciones enviadas el 1 de julio estaban dento de los plazos legales.
La iniciativa de la Ley General de Víctimas fue elaborada con la participación de activistas y académicos expertos en la materia y contempla compensaciones hasta por 900,000 pesos para las víctimas del delito.
La postura del Gobierno federal no solo ha sido cuestionada por los legisladores, sino también por activistas como Javier Sicilia, que exigían que se publicara la ley antes de hacer cualquier tipo de cambio.
«El presidente Calderón con su actitud, con su manera de despreciar y rebajar a las víctimas y de no aprobar y no publicar la Ley como lo mandata la Constitución, pues no nos está ayudando al proceso», dijo Sicilia, uno de los líderes del Movimiento por la Paz, en entrevista con CNNMéxico.
«Sí, le pedimos que reaccione, porque esto afecta profundamente un trabajo que estamos haciendo por la dignidad, por la paz, por la justicia de este país», señaló el pasado 20 de julio.
Después de que la SCJN anunciara que daría entrada a la controversia constiticional, el gobierno del presidente Felipe Calderón presentó una nueva iniciativa de la Ley Geral de Víctimas el 30 de agosto.
Según el mandatario, el nuevo documento busca subsanar las fallas que tenía la primera iniciativa.
Los legisladores que aprobaron la primera iniciativa y que continúan en el Poder Legislativo, como el diputado Manlio Fabio Beltrones, que aprobó la ley como senador, señaló que esperarán a que la SCJN resuelva respecto a la controversia constitucional antes de darle entrada a la nueva iniciativa del presidente Calderón.
Con información de CNN